Los caminos de Chiapas

Chiapas es un mundo donde caben muchos mundos y donde cada día significa la posibilidad de un nuevo comienzo

viernes, agosto 18, 2006

Los Primeros 10 meses de la Cocopa













México DF. Noviembre de 1998

Ahora que se repiten las mentiras y que los hechos, tan cercanos y a la vez tan lejanos, parecen perderse y olvidarse. Ahora que los participantes en aquella primera Cocopa están alejados o guardan silencio y la memoria de los detalles y de los esfuerzos, la de los miedos y los éxitos efímeros, sólo la guardan las víctimas de una guerra que no dice su nombre, presento este documento como aporte a una memoria colectiva que debe ser rescatada, pulida y, sobre todo, preservada.

Estas primeras etapas aquí descritas, son un extracto de una investigación colectiva, realizada por una serie de compañeros de lucha, entre los que destacan Jaime Guerrero Vásquez, Ricardo Silva Ramírez, Claudia Rodríguez, Gabriela Sánchez, Lorenzo León y Enrique Aguilar, todos ellos grandes compañeros de lucha y excelentes profesionales de la investigación social. Detrás de cada acción realizada por quien esto escribe, siempre estuvo presente el consejo camarada de cada uno de ellos.

El primero de enero de 1994 representó un parteaguas para la vida de la Nación. El sorpresivo surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación nacional (EZLN), que coincidió con el inicio del Tratado de Libre Comercio entre nuestro país, Canadá y Estados Unidos de América, llamó poderosamente la atención de la opinión pública nacional e internacional.

Sin temor a equivocarnos, puede afirmarse que el conflicto sacudió la conciencia de los mexicanos y motivó una gran movilización social en pro del establecimiento de una tregua.

Así, intelectuales, académicos, estudiantes, amas de casa, organizaciones sociales y políticas, partidos y ciudadanos en general ganaron las calles en una sola voz y una sola demanda: paz sin derrotados, es decir, paz digna.

La participación del Congreso de la Unión que había sido marginal hasta entonces, se convirtió en pieza fundamental para la búsqueda de la paz. La Legislatura LVI, a través de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) pasó a convertirse en el más importante interlocutor en la búsqueda de la paz y en el canal por excelencia utilizado por el Gobierno Federal y el EZLN.

Más allá de sus personales historias, los integrantes de la Cocopa lograron desenvolverse en un ámbito a veces muy hostil y ejercieron la autonomía republicana que les garantizan las leyes del país.

Un acercamiento cuidadoso al trabajo realizado descubrirá que nunca favorecieron a ninguna de las Partes, hecho que no pocas veces les granjeó críticas y distanciamientos tanto de parte del Gobierno Federal y del EZLN como de sus respectivos simpatizantes.

La integración plural y horizontal de la Cocopa, su método de trabajo, la objetividad e imparcialidad durante su gestión, sus formas de liderazgo, discusión y consenso, su capacidad de convocatoria nos asomaron a lo que puede ser una nueva forma de hacer política y trazaron directrices hasta ese momento no vistas en el quehacer del Poder Legislativo.

Entiendo que el trabajo de aquella Cocopa caminó sobre senderos inéditos en la historia del país e, incluso y con temeridad, en la del mundo. Si se mide el éxito o fracaso de la instancia legislativa por el hecho de que logró en incontables ocasiones colaborar para allanar diferencias y proponer soluciones de fondo, entonces habremos de decir que logró un éxito indudable. Sus esfuerzos fueron más claros y más contundentes que los de las Partes y otros actores políticos.

Recordemos que la historia reciente de Chiapas es también la historia del país, de nuestras fallas e insuficiencias. Chiapas es el espejo en el que debe mirarse la República. Chiapas, como reza el eslogan, es México.




PRIMERA ETAPA: ACERCAMIENTO
Del 1° de diciembre de 1994 al 5 de febrero de 1995

Esta primera etapa discurre desde la toma de posesión del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1º de diciembre de 1994) hasta el discurso que pronunciara el mismo personaje aquel 5 de febrero de 1995.

La característica principal de este lapso fue la búsqueda de la distensión no sólo con los zapatistas sino también con otras fuerzas políticas que habían sido marginadas en el sexenio precedente, como fue el caso del PRD. Más aún, la administración zedillista intentó lograr un pacto de largo plazo entre las principales fuerzas políticas.

Dicho pacto, denominado “Compromisos para un Acuerdo Político Nacional”, fue un interesante y primer acercamiento con el fondo y la forma en que se ha concebido durante todo el sexenio el establecimiento de convenios políticos: apresurados, cupulares y efectistas, más que efectivos.

La realidad tardó menos de 48 horas en abortar este primer esfuerzo, con el entronizamiento de núcleos duros del priísmo que apoyaron al gobernador tabasqueño para que no renunciara.

De forma similar, tanto en el PRD como en el PAN, los esfuerzos por un acercamiento con el Gobierno Federal no fueron bien vistos por grupos importantes de ambos partidos que cuestionaron desde el principio el proceso.

El caso Tabasco les sirvió para echar abajo los “Compromisos para un Acuerdo Político Nacional”. También los partidos de oposición prefirieron “ganar” la coyuntura antes que explorar la posibilidad de establecer acuerdos de largo plazo.

En materia económica, lo más trascendente fue, sin duda, el inicio de una crisis que fue minimizada durante diciembre de 1994 y enero de 1995, aunque ya en este último período era evidente que su magnitud y alcance sería mayor de lo que se había diagnosticado.

Todo esto sirvió como telón de fondo al proceso de acercamiento entre la nueva administración federal y el EZLN, en el que la Legislatura LVI habría de tener un papel protagónico, como nunca antes lo tuvo el Poder Legislativo en la historia reciente del país.

Se puede asegurar que, en varios sentidos, el Presidente de la República y la Legislatura LVI aprendieron juntos y caminaron juntos parte del trecho en el proceso de resolución del conflicto. Desde luego, este aprendizaje común que duraría hasta principios de 1996 no estuvo exento de altibajos.

Tal vez para encontrar el por qué de esto es necesario recordar que aún antes de su toma de posesión, Ernesto Zedillo buscó establecer un canal de comunicación propio con los zapatistas, para lo cual, como se sabría después, intercambió varias cartas con el subcomandante Marcos.

Adicionalmente, en muchas ocasiones declaró públicamente que su opción para resolver el conflicto en Chiapas era la del diálogo y la concertación. Lógicamente, en su toma de posesión y varias veces más en los siguientes días reiteró su postura.

Esto sirvió para extender, por lo menos al principio de su mandato, la tregua que vivía el conflicto. Sin embargo, en este proceso de acercamiento inicial tal vez el problema más grave se vivió cuando se dio la toma de posesión del cuestionado Eduardo Robledo Rincón, a la que asistió el Presidente, y la respuesta zapatista de movilizar varios contingentes detrás de las líneas del cerco y bloquear los caminos, hechos que se dieron en el mes de diciembre.

De cualquier forma, el Presidente se acercó al Congreso de la Unión y a los partidos de oposición para hacer una propuesta de conformación de una comisión plural del legislativo que participara en la resolución del conflicto.

En un principio, tanto los partidos de oposición como el EZLN recelaron de la propuesta presidencial de crear una comisión del Congreso. Los primeros, advertían la posibilidad de ser utilizados para fines poco claros y, el segundo, aseguraba que dicha comisión estaría dominada por el PRI y el gobierno, por lo que su carácter plural se afectaría.

Además, el EZLN hizo saber que estaría dispuesto a restablecer la tregua mediante el cumplimiento de tres condiciones: solución a los conflictos poselectorales de Veracruz, Tabasco y Chiapas; reconocimiento del gobierno en rebeldía de Amado Avendaño; y reconocimiento de la Conai como instancia intermediaria.

Aunque no se cumplieron en su totalidad las condiciones declaradas por el EZLN, el Gobierno Federal sí reconoció a la Conai como instancia intermediaria entre las dos Partes.

Por otra parte, el Gobierno Federal aceptó las observaciones que las fracciones partidarias de oposición hicieron como condición para aceptar la integración de la comisión plural del Congreso de la Unión.

En este punto, fueron fundamentales los esfuerzos de ciertos legisladores por allanar el camino para la integración de dicha comisión: Heberto Castillo y César Chávez, del PRD; Luis H. Álvarez y Rodolfo Elizondo, del PAN; y Pablo Salazar del PRI, entre los principales.

Gracias a estas intervenciones, finalmente se integra la Comisión para el Diálogo y la Mediación por la Paz (CDMP), antecedente directo de la Cocopa. Esta primera Comisión, ya constituida, procede a entablar los primeros contactos con la Conai y el Ejecutivo Federal.

Es entonces cuando se da la Tercera Declaración de La Lacandona que llama a crear el Movimiento de Liberación Nacional encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. A la postre, este intento de aglutinar a amplios sectores sociales simpatizantes del zapatismo se diluiría y, discretamente, desaparecería al igual que la Convención Nacional Democrática (CND) de agosto de 1994.

En gran parte, esto se debió al hecho de que la única fuerza organizada dentro del MLN, el PRD y el propio Cárdenas, tenían intereses distintos a los del Movimiento.

En enero de 1995, por primera vez la CDMP plantea el conflicto de Chiapas dentro de un contexto más amplio y propone situar su solución en el plano de una reforma democrática del Estado.

En efecto, si finalmente el conflicto se había originado por la desigualdad social, el autoritarismo político, la marginación económica y el racismo, toda solución debía pasar, en primer lugar, por modificar las bases mismas de la relación del Estado y la sociedad con los pueblos indígenas.

La propuesta de la PRE-Cocopa, presentada a la Comisión Permanente, logró algunas notas en la prensa para luego dejar el paso a otras noticias más llamativas, pero menos trascendentes. Nuevamente, la coyuntura rebasó una visión de largo plazo.

En ese mismo mes, de manera sorpresiva, la prensa dio cuenta de una reunión sostenida entre el Secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán, y el subcomandante Marcos. Este momento, situado en la segunda quincena del mes, habría de marcar el punto más optimista del período.

Menos de un mes después, el 5 de febrero, con motivo del aniversario de la Constitución el Presidente habría de cambiar su discurso hacia Chiapas y referirse al conflicto como “…una amenaza constante a la vida pública, a la paz y a la justicia.” La semilla del 9 de febrero se había sembrado.


SEGUNDA ETAPA 2: ACOTAMIENTO MILITAR
Del 6 al 14 de febrero de 1995

En cielo sereno cayó un rayo. Eso fue el 9 de febrero de 1995.

Sin duda, esta etapa significó una de las más difíciles por las medidas ordenadas por el Presidente Ernesto Zedillo y cuya instrumentación recayó en la PGR y el Ejército Mexicano. Resultaba evidente que la postura del Gobierno Federal daba un giro sorprendente con relación al EZLN.

Apoyado en la acusación de no tener voluntad de diálogo y estar preparando acciones terroristas, el Gobierno de la República pasó de manifestar reiteradamente que la opción era el diálogo, a un discurso duro acompañado de una serie de medidas que contemplaban la denuncia sobre la identidad del subcomandante Marcos y las órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes del EZLN.

El ataque militar tomó desprevenida a la comisión legislativa, que se encontraba en Chiapas buscando comunicación con sectores políticos y sociales del estado. La acción ofensiva trajo la sospecha sobre los legisladores que, desde luego, no sólo la ignoraban sino que tampoco la previeron.

Con esto, no solamente se sorprendió a la sociedad mexicana, sino también a la buena voluntad y los esfuerzos que en ese momento llevaban a cabo los legisladores.

Adicionalmente, la movilización de efectivos polarizó a las fuerzas políticas del país. Por un lado a quienes condenaron acremente la medida, por otro a aquellos que la defendieron.

Este cambio de postura del gobierno mexicano recibió el rechazo mayoritario de la población sobre todo porque no se veía como un paso lógico. Amplios contingentes tomaron las calles nuevamente para exigir que se detuvieran las acciones militares y se buscaran vías pacíficas de solución.

El grito de “Todos somos Marcos” retumbó por el Zócalo de la capital del país y habría de escucharse allende las fronteras.

Aún en esta difícil situación, el EZLN reiteró a través de un comunicado su voluntad por encontrar soluciones pacíficas y, en este contexto, llamó a luchar por detener una posible solución militar.

Muchos se han preguntado qué fue lo que motivó al Presidente Ernesto Zedillo para ordenar una acción de tal naturaleza, contraria al espíritu que hasta entonces había prevalecido y aparentemente a espaldas del que hasta entonces había sido el hombre encargado del acercamiento con el EZLN: Esteban Moctezuma.

La pobreza del armamento encontrado y las pocas personas que fueron arrestadas no justificaban la magnitud de un cambio así. Se ha dicho, en una primera hipótesis, que en realidad la administración zedillista nunca tuvo intenciones de negociar, sino de atraer a los zapatistas a una trampa.

Esta afirmación no resiste un análisis cuidadoso cuando se confronta con muchas acciones y posiciones reales y concretas del Gobierno Federal que nos hablan de una voluntad negociadora.

Una segunda tesis, nos dice que el Ejecutivo Federal fue presionado por sectores derechistas y del Ejército Mexicano que veían en los zapatistas una fuente de inestabilidad política y social que estaba influyendo en la economía.

Lo cierto es que, en retrospectiva, se puede afirmar que la acción del 9 de febrero no buscaba un enfrentamiento definitivo con las fuerzas zapatistas, sino acotar militarmente al EZLN, reforzar la presencia del Ejército y, sobre todo, descabezar al movimiento rebelde por medio de la captura del subcomandante Marcos. En este último punto por lo menos, la acción fracasó.

Cabe señalar que este nuevo clima político y social se dio en un ambiente económico sumamente adverso para el país. El desempleo y la devaluación del peso frente al dólar mantenían a los mercados financieros nerviosos y con poca confianza, a la par que la fuga de capitales y las quiebras de empresas eran un acontecer cotidiano.

En estas fechas se inicia uno de los mayores deterioros en los niveles de vida de las clases mayoritarias y del que, a la fecha, las familias no logran recuperarse cabalmente.

Poco después del 9 de febrero el péndulo volvió a moverse. El Gobierno Federal empezó a buscar una salida política a la acción militar. La salida del gobernador Eduardo Robledo Rincón facilitó este proceso.

Enmedio de este difícil ambiente, tanto político como económico, el país se mantuvo en pie gracias a la participación de la sociedad en su conjunto, que forzó por la vía de la participación a recobrar el rumbo político.

Un papel destacado en este proceso, fue el llevado a cabo por el EZLN y la Comisión Legislativa para el Diálogo y Conciliación.

Por un lado, el EZLN al hacer un pronunciamiento público en el sentido de que no apostaban al enfrentamiento y al evitar iniciar medidas violentas que, de haberse dado, hubieran dificultado aún más la situación que se vivía.

Por otro lado, el papel que jugaron un grupo de legisladores de los diferentes partidos políticos agrupados en la Comisión, fue el punto de arranque para la distensión y el diálogo que más tarde se daría.

La claridad y firmeza con la que la Comisión se pronunció en el sentido de que el camino era el diálogo y el llamado que hizo a las Partes constituiría uno de los puntos centrales de la actuación de dicha instancia a lo largo de los años siguientes.

Puede decirse que este periodo también marca una de las dificultades más serias y que aflorarían en las diferentes etapas del conflicto: la pérdida de la confianza.



TERCERA ETAPA: LEY PARA EL DIALOGO
Del 15 de febrero al 9 de marzo de 1995

En medio de la crisis económica, tres acontecimientos marcaron este período, dos de carácter nacional y uno referente a Chiapas.

En primer lugar, las primeras manifestaciones de los roces y enfrentamientos entre el expresidente Salinas y el Presidente Zedillo. La huelga de hambre de Carlos Salinas, el encarcelamiento de Raúl Salinas por asesinato y las mutuas acusaciones sobre la responsabilidad de la crisis fueron hechos que, de manera insólita, marcaron el fin de la época de la impunidad de los expresidentes y sus familias.

En segundo lugar, un Presidente acosado por la crisis, enfrentado a su antecesor y sin eco en los partidos de oposición, regresa al partido que lo había llevado a la primera posición del país.

Se inicia el fin de la “sana distancia”, que no había soportado la dura prueba de la realidad. Con esto se comprobaría que, sin un proyecto de democratización integral, los buenos deseos no resisten.

En tercer lugar, se da un intenso trabajo encaminado a encontrar una solución jurídica al nueve de febrero, es decir, un marco legal que permitiera los acercamientos con los zapatistas para negociar la paz.

En efecto, ya el 22 de febrero de 1995, el propio Presidente Zedillo parecía buscar una solución política al ataque militar. Se hablaba de una ley de amnistía.

Así, el mandatario reconocía que dicha iniciativa de ley sería: “respetuosa de los principios constitucionales y consecuentemente no podrá atentar contra la defensa de la soberanía de nuestro territorio (...) Deberá ser una ley que establezca un marco jurídico adecuado para facilitar los contactos, emprender el diálogo, fincar negociaciones genuinas, procurar acuerdos, asegurar su seguimiento...”.

Llama la atención que cuando se dio a conocer esta propuesta, las reacciones en torno a dicha iniciativa no eran claras para las diferentes fuerzas políticas del país y, más aún, no se sabía cuál podría ser el sentido de dicha propuesta. La confianza en las intenciones políticas y las habilidades económicas de la nueva Administración Federal había sufrido un serio desgaste.

Podría decirse que la situación en Chiapas estaba en correspondencia con el entorno económico, es decir, se sabía que se pasaba por una grave situación aunque no estaban claros los elementos inmediatos que solucionaran los problemas urgentes.

El sector empresarial parecía no estar dispuesto a respaldar una serie de medidas que, desde su punto de vista, no marcaban un rumbo claro. Incluso, se hablaba de un gabinete inexperto y que debía ser cambiado.

Por ello, el gobierno de Ernesto Zedillo requería de una propuesta de gran magnitud, que convenciera tanto al sector empresarial como al político de que existía voluntad y capacidad para conducir al país.

Fue en este contexto en el que se dieron a conocer diversas medidas en el terreno económico, político y social que trataban de demostrar que se estaba actuando conforme a la ley y buscando el bienestar del país.

Se destacaba que con el Fobaproa se protegía el ahorro de los mexicanos, se evitaba la quiebra de bancos y se daba certeza financiera. En paralelo, se daba la aprehensión de Raúl Salinas de Gortari como una señal de que la justicia y la fuerza de la ley se impondrían.

La propuesta presidencial de amnistía fue trocada, gracias a una serie de complejas negociaciones, en un marco más amplio. En este proceso, la intervención de la comisión legislativa y la Secretaría de Gobernación fue definitiva para la elaboración de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

La iniciativa todavía recibiría varias observaciones, sobre todo del EZLN que saludaba la intención, pero no la forma en que se expresaba en el cuerpo del texto. Finalmente, se elaboró una nueva redacción que atendió las observaciones zapatistas.

El resultado fue un éxito rotundo: la iniciativa de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas fue aprobada en la Cámara Alta con 115 votos a favor y dos abstenciones y, en la Cámara baja, 424 diputados de todos los partidos dieron un voto afirmativo contra siete que no lo hicieron y dos que se abstuvieron. Este hecho puede ser calificado de histórico.

A menos de un mes del 9 de febrero y menos de dos meses de declarada la crisis económica, el Gobierno Federal parecía dispuesto a enfrentar los problemas en todos los ámbitos de la vida nacional y mostraba otra faceta para resolver el conjunto de situaciones apremiantes.

El papel desempeñado por las Cámaras de Senadores y Diputados fue muy importante en esta etapa, dado que mostraron sensibilidad política para atender un asunto de carácter nacional y unificar criterios para la aprobación de dicha ley.


CUARTA ETAPA: NUEVO ACERCAMIENTO
Del 10 de marzo al 15 de octubre de1995

En retrospectiva es posible afirmar que esta etapa fue, junto con la siguiente, la más fructífera del diálogo no obstante los desacuerdos, las provocaciones y la lentitud con la que se avanzó.

En contraste a lo que sucedía en el marco del proceso de diálogo entre el Gobierno Federal y el EZLN, en el ámbito nacional la crisis se advertía ya en toda su magnitud. Aún no había tocado fondo, pero ya se hablaba de que era la crisis más grave de los tiempos recientes.

En efecto, hasta octubre de ese año se había registrado una inflación mayor al 40% y la tasa de desempleo era la más alta desde 1987. Se perdieron durante esos meses 780 mil puestos de trabajo. Los expertos señalaban que, por primera vez, la economía informal ocupaba más mexicanos que la formal.

La caída del PIB en el segundo semestre se calculaba en 10%, la más grave de los últimos 50 años. Ante este panorama, más de 10 mil millones de dólares habían salido del país entre enero y junio de ese año.

Los bancos zozobraban y el problema del Fobaproa ya se gestaba. Este Fondo daba aportaciones multimillonarias a los bancos con facilidad y sin que se viera claro ninguna mejoría en su situación. Los partidos de oposición cuestionaban el funcionamiento del Fondo y la forma en que habían sido privatizados los bancos.

En el ámbito político, la sana distancia naufragaba ya que, al salir María de los Ángeles Moreno Uriegas de la presidencia del CEN del PRI, enmedio de un fuerte desgaste y cuestionamiento, entraba al relevo Santiago Oñate Laborde, hasta entonces Secretario del Trabajo. Nuevamente el PRI operaba como una secretaría de acción electoral del Presidente de la República, ni siquiera del partido.

De igual manera, se da la salida de Esteban Moctezuma Barragán de la Secretaría de Gobernación. De cierta forma, esto marcó el fin de una época en cuanto a la negociación en Chiapas y el impulso a la reforma del Estado.

En su lugar, llega un político calificado de “experimentado”, Emilio Chuayffet Chemor. Con él se trata de activar, infructuosamente, el malogrado diálogo entre las fuerzas políticas y darle otra dimensión a los asuntos de la política interna.

Poco a poco, Chuayffet Chemor desplegaría toda su habilidad para tratar los temas que ocupaban la atención nacional; poco a poco, tejería una vasta red de negociaciones y, poco a poco, habría de cerrarse todos los caminos. Los nuevos tiempos no admitían los lenguajes y los modos de los políticos “experimentados”.

Al tiempo, Emilio Chuayffet saldría de su puesto de Secretario sin interlocución con el Poder Legislativo ni con los partidos de oposición. El encargado de la política interior, se iría cerrando las puertas de la política. Acteal fue el amargo corolario de las “jugadas maestras” que se instrumentaron desde el Palacio de Bucareli.

Renunciaba Manuel Camacho al PRI y habría de sufrir la persecución del nuevo Secretario de Gobernación y de sus excorreligionarios para quienes el hombre que había aspirado a ser presidente de la República era un político “resentido” y sin importancia.

En el plano puramente político, las elecciones en siete estados, prácticamente con problemas menores, daban constancia de dos hechos: primero de lo avanzado por las instituciones y la sociedad en materia electoral y de defensa del voto; en segundo, de la apertura de la nueva administración por garantizar plena transparencia electoral.

Este último hecho de ninguna manera es menor, sobre todo si se toma en cuenta que durante el régimen salinista prácticamente todos los procesos electorales terminaban en conflictos poselectorales. En este sentido, los dudosos ganadores no pocas veces terminaron depuestos por acuerdos tras bambalinas que la prensa bautizó como "concertacesiones".

A la postre el conflicto postelectoral de Yucatán, que reclamaba el PAN, y el heredado de Tabasco, por parte del PRD se convirtieron en la punta de lanza y la excusa perfecta de los partidos de oposición para no sentarse de manera consistente y duradera a la mesa del diálogo nacional.

De cualquier forma, los resultados electorales señalaban un despunte de los partidos de oposición. De alguna manera, se hacia patente una crisis en el PRI; crisis que posteriormente daría más resultados negativos para este partido.

Comenzaba a vincularse el origen oscuro de los recursos utilizados en la campaña de Madrazo Pintado en Tabasco, con la campaña presidencial. Por primera vez, el candidato que había logrado 17 millones de votos y había llegado a la primera magistratura con una legitimidad que su antecesor no tuvo, era cuestionado en su punto más vulnerable: su legitimidad.

Aguas Blancas, un desconocido paso en una zona perdida del Estado de Guerrero, habría de alcanzar notoriedad mundial como el escenario en el que se da una emboscada y se mata a varios campesinos.

En los días, meses y años que siguieron al hecho, Aguas Blancas regresa como otro símbolo de todo lo que le falta a este país para ser considerado democrático y respetuoso del Estado de Derecho.

Aclarar Aguas Blancas y castigar a los culpables de la masacre se convirtió en una bandera para el EZLN, el PRD y un buen número de organizaciones ciudadanas. A la larga habría de ser el detonador de otra guerrilla: el Ejército Popular Revolucionario.

En el Congreso de la Unión, los partidos de oposición, a coro, habrían de pedir la salida y el castigo para Rubén Figueroa, el gobernador que, según ellos, había planeado la emboscada.
Vergonzosamente, varios diputados priístas habrían de subir a la máxima tribuna de la Nación para defender lo indefendible: el gobierno de Figueroa y acusar a los muertos de ser parte de una organización provocadora.

Después, un video tomado por los atacantes habría de conmocionar al país y al mundo. La permanencia de Figueroa tuvo costos altos para el PRI y el gobierno zedillista.

Desaparece oficialmente el Programa Nacional de Solidaridad. Su principal impulsor, la Sedesol, habría de anunciar una Alianza Nacional para el Bienestar, programa que tuvo una duración efímera y que desapareció sin mayor ruido.

Una serie de desastres naturales, terremotos y huracanes, deja una larga estela de damnificados y muertos. Las autoridades anuncian programas de emergencia enmedio de la desorganización y múltiples acusaciones de corrupción.

Se da intempestivamente el conflicto del gobierno de la ciudad de México con el Sindicato de Ruta 100. Se arresta a los líderes y, entre otras, se les acusa de haber desviado recursos para financiar actividades del EZLN.

Crece la inseguridad pública, el crimen organizado. Se crea el Consejo Nacional de Seguridad Nacional, una nueva intentona del gobierno zedillista. En este punto hay que destacar que si bien la tendencia en el aumento de las actividades del crimen organizado no es nueva, es decir, no es responsabilidad de Zedillo, lo cierto es que es el presidente que ha pagado más caro por ello. Ha pagado, de alguna manera, por todo lo que no se hizo a tiempo.

En cuanto al conflicto, lo más importante en este periodo fue la entrada en vigor de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas (LDCPDCH) y la instalación de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

En respuesta a la Ley para el Diálogo y aun cuando se guardaba algunos resquemores, el EZLN acepta la reanudación del diálogo. Por primera vez, el grupo insurgente hace un reconocimiento al papel que habían tenido los legisladores en la aprobación de la Ley.

Con base en la Ley para el Diálogo, la Cocopa inicia los primeros acercamientos tendentes a concertar un lugar de reunión entre las Partes. El EZLN plantea como posibles sedes del diálogo: la basílica de Guadalupe, la Catedral Metropolitana, la Ciudad Universitaria de la UNAM o el asiento de la ONU en México.

Una vez más, el EZLN demostraba que es una fuerza que trata de ir hacia fuera, es decir, trata de no ser sitiada por lo menos políticamente. Una de las constantes hasta ese momento era que el grupo guerrillero se fortalecía a la luz pública.

Finalmente, después de la intervención de la Cocopa, se recuerda que es ésta la que debe sugerir puntos de encuentro en acuerdo con ambas Partes. Se fija, después de algunos jaloneos, como sede del primer encuentro el poblado de San Miguel.

En este momento y en los siguientes meses, la Cocopa, ya respaldada por la LD, tiene un papel relevante en la superación de la tensión producida por el 9 de febrero. El ambiente en el estado es de distensión, a pesar de la debilidad y falta de legitimidad del gobierno estatal. Inclusive, se da el retorno de algunos grupos de desplazados.

Finalmente, el 9 de abril se da el encuentro de San Miguel. Con el apoyo y la intermediación de la Conai y la Cocopa, ambas Partes firman el Protocolo de Bases para el Diálogo y la Negociación.
La política se impone por sobre la confrontación. El ambiente del encuentro es fuerte, pero en ambas Partes hay el convencimiento de que es necesario llegar cuanto antes a acuerdos políticos que pudieran ser traducibles en cambios legales.

Pocos días después de concluido el encuentro de San Miguel, todavía con el optimismo a cuestas, se da la confirmación en el arresto de Javier Elorriaga y Sebastián Entzín.

Con esta acción, se inicia el ciclo avance-provocación que sería una constante en el trabajo de las instancias de intermediación y coadyuvancia. Con este tipo de eventos que obstaculizaron a cada paso los acuerdos a los que llegaban el Gobierno Federal y el EZLN se comprobaba, además, que el resto de los actores del conflicto comenzaban a tener una mayor fuerza.

Si bien siempre fue claro que la problemática chiapaneca no se circunscribía sólo a al conflicto entre las Partes, el resto de los actores, gobierno estatal, ganaderos, cafetaleros, caciques y guardias blancas estuvieron a la expectativa durante todo 1994, bajo el temor de que el EZLN tuviera la fuerza política y/o militar para acosarlos o temerosos de que el Gobierno Federal pactara con los rebeldes una reestructuración del poder político en la entidad.

Cuando se hizo claro que no había ni uno ni otro riesgo, comenzaron, cada vez con mayor audacia, a ser un factor de peso en el escenario chiapaneco.

Después de ese primer encuentro, el Gobierno Federal nombra a Marco Antonio Bernal como Coordinador para el Diálogo. En San Miguel se pacta el escenario de los logros más importantes del diálogo: San Andrés Larráinzar o San Andrés Sacamch´en (o de los Pobres).

Dos nombres que designaban un mismo lugar. Dos nombres que revelan una diferencia más allá de las palabras, una diferencia que correspondía a las dos visiones que las Partes tienen sobre Chiapas.

Entre abril y octubre de 1995 las Partes celebran siete reuniones en San Andrés. El lugar se vuelve punto de referencia necesario para el diálogo. Se convierte, por así decirlo, en el asiento del diálogo.

En la víspera de la primera reunión, ya sobre la base de los acuerdos tomados en San Miguel, llegan al lugar seis mil simpatizantes zapatistas. Este hecho motivó la protesta de la representación gubernamental y la Secretaría de Gobernación, que consideraron el asunto como una provocación.

De esta forma el 20 de abril no pudo iniciarse la reunión tal y como estaba programada. Nuevamente, la Cocopa y la Conai ponen en acción sus buenos oficios y la mayoría de los indígenas se retira del lugar, los otros pasan a constituir uno de los “cinturones” que protegen el diálogo.

Finalmente, la primera reunión se inicia con dos días de retraso. En San Andrés se encuentran también dos lenguajes o, mejor todavía, varios lenguajes. El del EZLN es beligerante, desconfiado y provocador. A cada paso denuncia reales o supuestas actitudes gubernamentales que la prensa y sus simpatizantes recogen puntualmente. A pesar de ello, el EZLN dialoga y negocia. Una lección que sus seguidores no aprendieron.

El lenguaje del Gobierno Federal es inseguro, esquivo y siempre trata de investirse de un ropaje institucional que en los hechos no tiene. La delegación negocia sin saber dónde se dirige el barco y trata de retomar una iniciativa que en los hechos siempre tuvieron los zapatistas. A pesar de todo, ellos también negocian.

También están los otros lenguajes. Los legisladores de la Cocopa tratan a cada paso de hacer a un lado sus diferencias de concepciones partidarias y de sus intereses y afinidades personales para lograr primero consensos internos y luego servir de puente entre las Partes. Cuesta trabajo, pero lo logran.

Así el lenguaje de la Cocopa y la Conai se va construyendo a cada paso para constituirse en el intento de dos instancias por traducir al lenguaje de la paz los desafíos de cada Parte.

El 12 de mayo se da el segundo encuentro en San Andrés. La delegación gubernamental utiliza un lenguaje más diplomático. Los mecanismos se van tejiendo cuidadosamente, cualquier malentendido los rompe. Para muchos la lentitud del diálogo es exasperante. Medios de comunicación y analistas políticos, algunos de buena fe y otros por consigna atizan a una o a otra de las Partes culpándola de este hecho. La historia de México no registraba un hecho similar en que una tregua hubiera durado tanto, pero ellos querían que la paz se firmara en “quince minutos” y por decreto.

El EZLN insiste en que debe opinar sobre todos los problemas nacionales. En principio, la delegación gubernamental se resiste. Sólo se debe acordar la paz y, después, se podrá opinar de lo que se quiera. ¿Cómo se puede alcanzar la paz sin opinar de las causas que han llevado al estallamiento del conflicto?

Con esta base, la Cocopa vuelve a la carga. Propone impulsar una profunda reforma democrática del Estado que articulara la resolución del conflicto con la transición democrática que en el ámbito nacional se intentaba pactar.

El 7 de junio da inicio el tercer encuentro de San Andrés. El EZLN toma la iniciativa y convoca a una Consulta Nacional. En la mesa, las Partes entran en pugna por las posiciones. Los zapatistas tratan de lograr mejores condiciones sobre el terreno. El Gobierno Federal se resiste a perder la ventaja lograda el 9 de febrero.

En este contexto, se deportan sacerdotes y a finales de junio Esteban Moctezuma sale de la Secretaría de Gobernación. Resurge con fuerza la desconfianza y las acusaciones zapatistas contra las provocaciones.

Se dan el cuarto (julio 4) y el quinto (julio 24) encuentros de San Andrés. A principios de agosto es nombrado un obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal: Raúl Vera López. Varios medios de comunicación señalan este hecho como el inicio del desplazamiento de Samuel Ruiz. Este pide confianza para el coadjutor.

La Cocopa hace un llamado a la sociedad para que valore la consulta zapatista como un esfuerzo de paz. La Comisión legislativa no se equivocaba: todo lo que aleje al grupo armado de las armas es un paso positivo.

A finales de agosto, un millón 200 mil mexicanos participan en la consulta. Pocos si se comparan con el total de los mexicanos; muchos, muchísimos si se comparan con las encuestas, foros y debates convocados por el Gobierno Federal y algunos partidos políticos.

Así, por ejemplo, la Consulta nacional sobre derechos y Participación Indígena realizada entre el Ejecutivo y el Legislativo algunos meses más tarde no logra recabar las opiniones ni de cinco mil personas.

Un elemento que reflejaba la actitud gubernamental en aquella época lo fue, sin duda, lo dicho por el Primer Mandatario en su primer informe de gobierno.

El Presidente Ernesto Zedillo ratificó que el camino del diálogo y la negociación, en el marco de la ley, era la forma por excelencia de resolver el conflicto en Chiapas.

En especial, Ernesto Zedillo hizo un reconocimiento al papel desempeñado por el Congreso de la Unión y, en especial, a la Cocopa que, de alguna manera era un proyecto de su administración perfeccionado por las fracciones parlamentarias representadas en las Cámaras.

El Presidente propuso que ambos Poderes elaboraran un proyecto de Ley de Derechos indígenas que reglamentara el Artículo 4º constitucional. Reconoce que la mayoría de los mexicanos simpatizan con las razones de la inconformidad, pero rechazan la violencia para alcanzar metas.

En este marco, la Cocopa se reúne el día de septiembre con el Presidente de la República y el Secretario de Gobernación para analizar el desarrollo del diálogo y proponer mecanismos para agilitarlo. En este sentido, se habla de incorporar al EZLN al proceso de reforma política, ya sea en forma directa o a través de un foro especial.

Posterior a la reunión, la Cocopa dio a conocer que Ernesto Zedillo ordenó a la Secretaria de Gobernación buscar los mecanismos adecuados para integrar al EZLN al proceso de diálogo nacional. También, indican, que le solicitaron al Presidente que en la elaboración de la Ley Indígena participara el EZLN.

Este es el ambiente, totalmente positivo en el que se da el sexto encuentro de San Andrés, el 5 de septiembre. La Cocopa comunica a los zapatistas de los resultados de la entrevista con el Presidente de la República. El EZLN se muestra interesado y abierto.

Sin embargo, el representante gubernamental, Marco Antonio Bernal, cuestiona el diálogo político con un grupo armado. Esto evidenciaba, más que un doble juego del gobierno, las diferencias de óptica en el grupo gubernamental negociador.

Diferencias de óptica que eran válidas, sin duda, pero que al carecer de otros niveles en los que se resolvieran, lejos de la mesa del diálogo, gravitaron y afectaron el proceso de pacificación. Este fue, sin duda, uno de los elementos que contribuyeron al fracaso de esta etapa del diálogo.

En contraposición, la Cocopa que mantenía diferentes posturas a su interior, logró llevar a cabo un método de trabajo que resolvía políticamente, a su interior, las diferencias y que lograba, al final salir a la luz pública con una posición consolidada. En este sentido, la Cocopa también hizo una demostración de una nueva forma de hacer política. Ejemplo que, por desgracia, no cuajó ni fue seguido por otras instancias y actores.