Los caminos de Chiapas

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jueves, agosto 24, 2006

De cuando la República traicionó a los indígenas







Don Luis H. Alvarez, senador en ese tiempo (noviembre de 1996) y presidente de la COCOPA, nos convocó a los miembros de la comisión legislativa a reunirnos en San Cristóbal de las Casas. Llegamos todos: Heberto Castillo, Pablo Salazar, Juan Guerra, César Chávez, Pepe Narro, Rodolfo Elizondo, Juan Roque, Óscar López Velarde, Marco Michel, Oscar González, Benigno Aladro, excepto Fernando Pérez Noriega, quien andaba fuera del país, y nos encontramos en el hotel Flamboyant.

La COCOPA tenía casi dos años de existencia y enfrentaba toda clase de situaciones y provocaciones contrarias al espíritu de la paz en Chiapas.

La discusión fue intensa, pero fructífera. Las conversaciones entre el EZLN y el gobierno federal se efectuaban al amparo de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que contaba con el respaldo de las instituciones de la república, cámaras legislativas, poder ejecutivo, partidos políticos, organizaciones sociales, sociedad civil y ciudadanos.

El proceso de paz y negociación no era un acto de buena voluntad ni una ocurrencia, sino una acción ciento por ciento republicana.

La agenda de diálogo acordada entre el gobierno federal y el EZLN se organizó por temas de interés común a través de un procedimiento de consultas mutuas, así como un método de trabajo que permitiera que cada acuerdo tuviera la legitimidad que reclamaban los actores involucrados en el conflicto.

El primer tema a discutir fue Derechos y Cultura Indígenas, después seguirían: Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo, Los derechos de la Mujer, La Reconciliación en Chiapas y El Acuerdo Final de Paz.

El tema Derechos y Cultura Indígenas se discutió de octubre de 1995 a febrero de 1996, mes en el que el gobierno federal y el EZLN firmaron lo acordado. Contrariamente a la buena disposición mostrada durante la negociación del primer tema, en la discusión sobre Democracia y Justicia la delegación gubernamental enmudeció, se mostró insolente y arrogante, revelando una actitud impropia, por lo que el diálogo se convirtió en monólogo; en la mesa de negociación había dos partes, pero el gobierno no hablaba.

Mientras esto sucedía, los partidos negociaban con el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett, una reforma electoral que no incluía el tema indígena.

Por la vía de los hechos, el diálogo entró en crisis, producto de la actitud del gobierno y las dirigencias partidarias. Al término formal de las sesiones de trabajo sobre ese tema, con justa razón el EZLN declaró suspendido el diálogo en tanto el gobierno federal no modificara su actitud y cumpliera lo pactado en el tema Derechos y Cultura Indígenas.

En este contexto, los miembros de la COCOPA nos reunimos, y después de una intensa valoración de argumentos a favor y en contra, por unanimidad decidimos elaborar una iniciativa de modificaciones constitucionales sobre la base del respeto puntual y escrupuloso del texto pactado entre gobierno y EZLN en materia de Derechos y Culturas Indígenas. El acuerdo logrado en la COCOPA condicionaba la elaboración de la iniciativa de ley a que gobierno y EZLN asumieran el compromiso de que la misma sería el documento que se enviaría la Congreso de la Unión para su discusión y aprobación.

Desde el salón de trabajo del Flamboyant, don Luis H. Alvarez y Heberto Castillo, ante todos los miembros de la COCOPA, llamaron al subcomandante Marcos y a Chuayfett para darles a conocer nuestra propuesta y su aprobación o no al acuerdo de la comisión legislativa.

Ambos representantes de la partes en conflicto dieron su consentimiento y nos dimos a la tarea de elaborar la denominada ley COCOPA, cuyo contenido es una traducción literal de lo que se conoce como acuerdos de San Andrés en materia de Derechos y Cultura Indígenas.

Concluida la iniciativa de ley, enviamos simultáneamente una copia del texto a la comandancia zapatista y otra, vía fax, al gobierno federal.

La respuesta del EZLN fue de aceptación, a pesar de "que tiene algunas lagunas consideramos que hay un avance importante"; incluso Marcos fue mas allá y dijo: "si siguen las señales por buen camino, lo más seguro es que la paz se firme en el primer trimestre de 1997" (La Jornada, 3/12/96). ¡Te imaginas vos, la paz a la vuelta de la esquina!

Sin embargo, la paz que tanto anhelábamos los mexicanos tenía enemigos: Ernesto Zedillo, su empleado Chuayfett, las dirigencias partidarias y quién sabe cuántos más. Al llegar a la reunión en Gobernación, Chuayfett nos recibió tratando de mostrarse como un constitucionalista, cuestionando la iniciativa de ley y señalando que tenía algunas observaciones de "técnica jurídica".

Poco después, en una reunión que sostuvimos con el presidente Zedillo, éste le enmendó la plana y le aclaró: "Emilio, no es un asunto de técnica jurídica. Tú porque eres del altiplano no eres tan claro como nosotros los del norte. No estoy de acuerdo con la iniciativa y punto". Delante de una subcomisión de la COCOPA, en un ambiente tenso, lo enfrenté: "Usted será el presidente, pero es el responsable de lo acordado en San Andrés". Me respondió con la mirada fija y la quijada rígida: "Si hubiera sabido lo que iba a firmar Bernal, hubiera preferido haberme esperado dos o tres meses para que no firmara lo que firmó". Todavía socarrón le contesté: "Pero el hubiera no existe. La iniciativa contiene literalmente lo que su gobierno firmó con el EZLN". Apretó más la quijada y casi nos corrió de Los Pinos.

Heberto, don Luis, Pepe Narro y Juan Roque, uno a uno expusieron sus argumentos y defendieron con firmeza la iniciativa de ley, pero salimos con rabia, impotencia y el corazón destrozado ante la actitud presidencial. Fue la última vez que la COCOPA se reunió con Zedillo.

Un año después, cuando sobrevino la masacre de Acteal, el presidente se decía condolido. La hipocresía no tiene límites en la salas del poder: tuvo la paz a su alcance y la mandó al carajo. ¿De qué chingaos lloraba?

Al mismo tiempo, la ofensiva propagandística contra la iniciativa de la COCOPA fue tan brutal como mentirosa.

Al terminar esta última reunión de la COCOPA, el presidente Ernesto Zedillo, (diciembre de 1996) se comprometió a responder a las zapatistas con un documento de observaciones a la Iniciativa de Ley en materia de Derechos y Cultura Indígenas.

Pero al estilo de Zedillo, el documento de observaciones no era tal, sino una nueva Iniciativa de Ley que desconocía lo pactado en San Andrés Larráinzar.

Con la estrategia presidencial nos echó montón el mundo, articulistas cercanos a la Presidencia de la República, empresarios y “constitucionalistas” oficiales acusaron a la COCOPA, de pretender “Balcanizar” el País, atentar contra la soberanía nacional; a Pablo Salazar y a mí nos acusaron de haber “traicionado” a Zedillo, dado que en nuestro carácter de priístas deberíamos de haber obedecido ciegamente la línea presidencial.

En plena etapa de presidencial de descalificación de la Iniciativa de Ley Indígena, incluso el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, fue parcial al afirmar que “la COCOPA era una comisión que representaba sólo a un grupo de indígenas de Chiapas (sic) y calificó de ignorantes a los que pretendían reformas constitucionales para la Autonomía de los pueblos indios, en virtud de que una reforma que diera autonomía a los pueblos indígena pondría en riesgo la soberanía nacional ya que se convertirían en pequeños estaditos independientes y soberanos”.

La boruca sustituyó la sustancia, pero nadie pudo demostrar ni lo ha podido hacer, que el contenido de la Iniciativa de Ley COCOPA, sea distinto al contenido de lo pactado en San Andrés. Este elemento nunca fue tratado por los articulistas o constitucionalistas aduladores de la Presidencia de la República. Es decir, si existía inconformidad con la Iniciativa de Ley, deberían haber cuestionado al Ejecutivo por haber pactado en los términos que lo hizo. Pero nunca lo hicieron, porque sus posturas eran parte de la estrategia presidencial del desconocimiento en lo hechos de los Acuerdos de San Andrés.

Por otro lado, y con justa razón, el EZLN nos planteó la necesidad de definir nuestra postura ante la posición presidencial y la propia Iniciativa de Ley.

Al interior de la COCOPA, la presión se hizo presente; a los del PAN se les colocó marcaje personal para que no insistieran en seguir apoyando la Iniciativa de ley; en el PRI, a Pablo Salazar y a mí se nos mandaban recomendaciones de la Presidencia y Gobernación para retirarnos del proceso de negociación. Sin ningún argumento, sino sólo porque había “razones de Estado”, el presidente Zedillo y el Subsecretario de Gobernación Arturo Núñez, le pedían ayuda a mis amigos Mario Luis Fuentes (Director del DIF) y Carlos Rojas (Secretario de Desarrollo Social) para que me convencieran de desistir de apoyar la Iniciativa de Ley. Ambos entendieron mis razones y fueron respetuosos de las mismas.

Reconozco que Arturo Núñez guardó una actitud de lealtad absoluta al presidente Zedillo, aunque éste no le correspondió en la misma forma en sus aspiraciones por Tabasco. Más bien lo dejó colgado de la brocha.

Dionisio Pérez Jácome, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno Federal, con un doble discurso presidencial reiteraba la disposición de las autoridades para sumar a los indígenas al desarrollo y reconocer sus derechos, pero eso si “sin vulnerar el marco jurídico hecho para todos los mexicanos”.

No obstante las presiones y dado que las posturas de la COCOPA se definían por consenso, en nuestra respuesta al EZLN no logramos el acuerdo para continuar adelante con el proceso legislativo de la Iniciativa de Ley, pero sí sostuvimos la Iniciativa de Ley como parte sustancial del proceso de negociación, desde el momento en que en el punto número tres del pronunciamiento público de la COCOPA del 4 de Marzo de 1997 precisamos: “La COCOPA con las consideraciones que a continuación se mencionan, sostiene la propuesta de reformas constitucionales en materia indígena de fecha 29 de noviembre de 1996, que es el resultado de un esfuerzo honesto y serio de todos sus miembros para conciliar las diferencias de las partes”.

Después de casi dos meses de toma y daca, quienes sosteníamos una postura en defensa de la Iniciativa, en medio de presiones intensas, habíamos logrado el consenso para impedir sacar del proceso de negociación a la Iniciativa de Ley COCOPA, cuyo referente es y ha sido obligado en la búsqueda de cualquier escenario que permita un desenlace positivo para el proceso de paz.

Aunque nuestra respuesta no fue la que esperaría el EZLN de la COCOPA, y su contestación fue muy severa a la misma, la Iniciativa de Ley, seguía como una de las partes sustantivas de la negociación, ante el desencanto presidencial.

Posteriormente en el año de 1998, el Presidente Zedillo, turnó una Iniciativa de Ley Indígena al Congreso de la Unión, la cuál no tenía nada que ver con los Acuerdos de San Andrés; dicho acto sólo buscó crear un clima de distracción pública, porque detrás de la misma turnó la Iniciativa de Ley del Rescate Bancario, que ha hipotecado el futuro de varias generaciones de mexicanos.

De esta manera, de nueva cuenta por “razones de Estado” el gobierno utilizaba y manipulaba el tema indígena como bola de humo, para imponer una de las leyes (IPAB) más leoninas y draconianas que recuerde el país.

Ya una vez terminado su sexenio, el presidente Zedillo defensor del “marco jurídico hecho para todos los mexicanos”, se alquilaba como empleado de una de las empresas ferrocarrileras trasnacionales beneficiadas con las privatizaciones producidas durante su mandato.

En la campaña presidencial del año 2000, “los Acuerdos de San Andrés” se convirtieron en uno de los temas principales. El candidato Vicente Fox, se comprometió a cumplirlos.

Ya como presidente de la República, en un acto propagandístico, sin trabajo de operación política ni construcción de acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, el mandatario turnó la Iniciativa de Ley en Materia de Derechos y Cultura Indígena elaborada por la COCOPA, al Senado de la República, acompañándola de una intensa campaña publicitaria.

De nueva cuenta, como diputado federal del PRI, me designó el grupo parlamentario como su representante ante la COCOPA. De la primera Comisión no había ni vestigios. Demetrio Sodi, como “representante” del PRD en la COCOPA, era una cosa espantosa, sus intervenciones “lúcidas”, giraban en torno a defender a Diego Fernández de Cevallos y en alabar la “bondad presidencial”. ¡Heberto, cuánta falta nos hiciste!

Como pudimos, Rutilio Escandón y Emilio Ulloa del PRD, José Narro del PT y yo, realizamos las acciones a nuestro alcance para enfrentar lo que vislumbrábamos como una acción mediática y traidora de parte de las fuerzas de la derecha enquistadas en los tres partidos más grandes del país.

El ex Secretario de Gobernación Santiago Creel, ya apuntaba desde entonces a ser lo que es, puro bla, bla. Nunca reunió a los coordinadores de los grupos parlamentarios y mucho menos a la COCOPA, para diseñar una ruta de trabajo con el propósito de desahogar tan importante tema. Sólo conferencias de prensa con la voz impostada y haciendo alardes de muchacho chicho, deslindándose siempre del resultado legislativo. En su “brillante estrategia de dar atole con el dedo”, el “bueno de la película” sería el gobierno federal y los “malos”, los muchachos del Congreso, para lo cual Diego Fernández se prestó con mucho gusto y se llevó al baile incluso a los senadores del PRD.

Casi en paralelo a la presentación de la Iniciativa de Ley Indígena por parte del ejecutivo federal, el EZLN realizó una exitosa caravana del sur al centro del país. Las movilizaciones en torno al zapatismo y a la causa indígena fueron enormes y vibrantes. Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Querétaro, Guerrero, Puebla y Tabasco vieron pasar la caravana zapatista, en medio de grandes muestras de apoyo y solidaridad.

La movilización social generó grandes expectativas en torno al gran pendiente indígena. Por la calidad y cantidad de apoyos hacia los zapatistas, parecería que el Congreso de la Unión sabría leer lo que de él esperaban los pueblos indígenas del país.

A su llegada al Distrito federal, se concretó una reunión entre la COCOPA y el EZLN en la Escuela de Antropología. Los nuevos miembros de la Comisión Legislativa, acostumbrados a “recibir línea” de sus líderes parlamentarios, aceptaron llevar una propuesta “cuentachiles” para el establecimiento de un formato de diálogo entre el Congreso de la Unión y el EZLN; casi se le proponía a los zapatistas, “verse en lo oscurito” y no de frente a la Nación.

La respuesta del EZLN fue enérgica y demandó hacer uso de la tribuna del Congreso de la Unión para aportar sus argumentos en relación con la propuesta de Ley en materia de Derechos y Cultura Indígena. Ante dicha petición, la derecha mexicana se mostró horrorizada y se preguntaba en voz alta, “¿Cómo es posible que indios desarrapados quieran hablar en la más alta tribuna de la Nación?”.

El debate en el Congreso de la Unión fue intenso, las derechas del PAN y del PRI, mandaron sus “expertos juristas” para impedirle a los indígenas su pretensión. Pero lo que estaba discutiéndose no era un hecho cuya interpretación fuera de carácter jurídico, lo esencial y el fondo de este debate era si el actual sistema político incluía o no a todos los mexicanos.

Esta cuestión, que taladra a los más conspicuos personajes de la política mexicana, intentó ser detenida infructuosamente por la derecha parlamentaria. Por 10 votos, ganamos en la Cámara de Diputados la votación para que los indígenas hicieran uso de la tribuna del Congreso de la Unión.

La maniobra del ejecutivo federal estaba clara, él mandaba la iniciativa de Ley Indígena, pero los legisladores de su partido se oponían a cualquier acción en favor de ella, y aunque perdieron esta votación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores se fraguó el Dictamen sobre la Ley Indígena, el cual tiró al cesto de la basura todo el esfuerzo y trabajo de años de funcionarios del propio gobierno, del propio Congreso de la Unión, del EZLN y de grandes núcleos de la Sociedad Civil.

La ley aprobada no tiene nada que ver con el proceso de negociación, ni con el contenido de lo esencial de los Acuerdos de San Andrés.

No fue aceptada ni por los zapatistas, ni por ningún pueblo indígena. Como aportación para la paz, no sólo es una traición sino un fracaso.

En febrero del 2002, un grupo de 160 legisladores de todos los partidos políticos, acompañados de núcleos indígenas de diferentes partes del país y miembros de la sociedad civil, volvimos a presentar la Iniciativa de Ley de la COCOPA ante la Cámara de Diputados, la cuál hasta hoy sigue vigente, esperando que algún día las instituciones honren su palabra y recuperen la actitud republicana que nunca debieron perder.

Eso será posible cuando la mayoría de los mexicanos decidamos tomar el rumbo del país en nuestras manos, momento que ojalá no esté muy lejano.




1 Comments:

  • At 3:41 a. m., Blogger Felipe Bachomo said…

    Esto más que un blog en solidaridad y apoyo a la COCOPA y al EZLN es una página de campaña.

     

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