Los caminos de Chiapas

Chiapas es un mundo donde caben muchos mundos y donde cada día significa la posibilidad de un nuevo comienzo

domingo, septiembre 03, 2006

Iniciativa de Ley COCOPA


Iniciativa de Ley COCOPA

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de Abril de 2002


INICIATIVA DE LEY QUE ESTABLECE MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA INDIGENA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ DE SAN ANDRES LARRAINZAR, FIRMADOS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL, EL 16 DE FEBRERO DE 1996

Iniciativa de Ley COCOPA, presentada por Jaime Martínez Veloz en la Tribuna del Congreso de la Unión, el 9 de Abril del 2002, con el respaldo de 168 Diputados Federales del PRD, PRI, PT, PC, PVEM y PAS

Exposición de Motivos

México está constituido por una diversidad de pueblos y culturas, entre los que se encuentran una serie de colectivos culturalmente diferenciados del resto de la sociedad nacional que se han denominado Pueblos Indígenas.

En la actualidad existen 59 pueblos distintos que en su conjunto hacen un total aproximado de 10 millones de habitantes, es decir, aproximadamente el 10% del total de la población nacional mexicana.

Algunos Pueblos indígenas se encuentran concentrados en un territorio relativamente compacto (como los mixes), mientras otros se hallan dispersos en muy distintas regiones (como los Nahuas). Algunos están formados por cientos de miles de personas (hasta un millón y medio los Nahuas), mientras en otros sólo sobreviven unas cuantas familias (8, los kiliwas).

La condición india y la pobreza están claramente asociadas. El INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) clasifica como extremadamente pobres a todos aquellos municipios en que el 90% o más de la población son indígenas. De este modo, más de las tres cuartas partes de la población india vive en cerca de 300 municipios clasificados en el rubro de extrema marginación.

Casi la mitad de los indígenas son analfabetos, cuando el promedio a nivel nacional es de poco más del 10% de la población. Alrededor de la mitad de los municipios indígenas carecen de electricidad y servicio de agua potable (frente al 13 y el 21 % de los promedios nacionales respectivos).

En tres quintas partes de dichos municipios se observa migración regular de una porción significativa de sus habitantes. Cuatro quintas partes de los niños indígenas menores de 5 años presentan elevados índices de desnutrición.

En ese rubro de edad se observa una cuota de mortalidad del 26%, frente al 20% nacional. La situación anterior no es casual ni gratuita; por el contrario, tiene hondas raíces sembradas por cientos de años. Analizarla, conocerla y combatirla es nuestra tarea.

En nuestro país, a partir de la independencia y, sobre todo, después de restaurada la República, México se planteó la incorporación de los indígenas para que adoptaran los rasgos de la nación moderna y mestiza que se pensaba construir.

La Constitución de 1917, continuando con esta tendencia, preservó la concepción unitaria bajo el principio de la igualdad jurídica, no reconoció la pluralidad cultural del país y, por tanto, se definió la nacionalidad mexicana a partir de una sola lengua, un territorio, una historia y una cultura común.

En 1989 se aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Dentro de las posibilidades que ofrece este Convenio encontramos que su ratificación produce efectos jurídicos inmediatos para el orden interno en casi todo el sistema constitucional latinoamericano.

Esta implicación en términos del proceso de juridicidad significa un avance porque en este instrumento se asumen conceptos básicos relativos al ámbito de los derechos colectivos frente a la hegemonía de los derechos individuales, de esta naturaleza es el sujeto de derecho, el pueblo indígena se define en atención a su origen histórico y a la persistencia de todas o parte de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, destacando en este concepto el principio básico de la auto identificación. Asimismo, establece que el concepto de tierras debe comprender al de territorio entendido como el hábitat. Sus limitaciones están dadas por la naturaleza misma de un convenio que siendo internacional debe perfilar criterios tan generales que permitan su adaptación a las diversas situaciones de los países integrantes de la OIT.

México fue el primero de América Latina que lo ratificó cuando aún no se reformaba su constitución para incluir la pluriculturalidad. Así, el Senado de la República dictaminó que "el presente convenio no contiene disposición alguna que contravenga nuestro orden constitucional ni vulnere la soberanía nacional".

La ratificación constituye una obligación para que el Estado cumpla con todas las disposiciones y asegure que en el orden jurídico interno no haya leyes en contra y esto incluye la misma constitución.


Perfil de la iniciativa


En primer lugar habría que anotar que la propuesta de iniciativa de modificaciones constitucionales, pactada en los Acuerdos de San Andrés, consiste en reconocer la libre determinación y como expresión de esta la autonomía como garantía constitucional para los pueblos indígenas, a fin de dotarles de derechos específicos en torno a los aspectos sustantivos que constituyen su razón de ser como pueblos, por ejemplo, formas propias de organización social y política, promoción y desarrollo de sus culturas, aplicación de sus sistemas normativos internos, definición de estrategias para su desarrollo, acceso al uso y disfrute de recursos naturales.

Vista así la autonomía sería un derecho constitucional de los pueblos indígenas, de carácter colectivo ya que ninguno o ninguna de sus integrantes se puede apropiar de él a título individual.

Estos derechos colectivos tendrían el mismo rango, coexistirían con los derechos individuales que ya tenemos todos y todas.

En síntesis, la autonomía de los pueblos indígenas no implica segregación ni reservación o separatismo, pues se dará en el marco del estado nacional.

Permite una nueva relación de los Pueblos Indígenas con la Sociedad y con el Estado. Este es el sentido de la propuesta de reformas al artículo cuarto.

Las relativas al artículo 115 constitucional buscan propiciar el ejercicio del poder político en todos los niveles y ámbitos de gobierno, desde la base, la comunidad , establecer la integración de los ayuntamientos para que los que tengan población mayoritariamente indígena, si así lo deciden, se remunicipalicen para buscar coincidencia con los territorios actualmente ocupados por los pueblos indígenas y así se establezca la posibilidad de coordinación entre dos o más municipios o varias comunidades entre sí. Todo ello no implica la creación de un cuarto nivel de gobierno.

Así, tenemos a un sujeto de derecho, los pueblos indígenas, con una definición general y abstracta como corresponde a este tipo de normas.

Este sujeto de derechos que existe históricamente sería reconocido con los atributos de libre determinación y autonomía acotadas al ejercicio de derechos específicos en sentido material, esto es en cuanto a su contenido. Por lo que se refiere a su ámbito espacial, esto es el ámbito de aplicación, se respetan los niveles del pacto federal.

La posterior reglamentación de estos derechos constitucionales precisaría el tipo de competencias y regulaciones necesarias para garantizarlos en un marco de paulatina modificación del orden jurídico nacional a fin de que refleje todo él la pluriculturalidad que es característica de la Nación mexicana.

Así pues, la inserción del derecho indígena no implicaría la creación de diversos órdenes jurídicos como se ha señalado ni tampoco se trataría de normas destinadas al 10% de la población nacional considerada indígena.


Criterios constitucionales para abordar la presente iniciativa


La reforma indígena debe analizarse a partir de los principios básicos de supremacía constitucional, de igualdad de las normas constitucionales.

Asimismo se deben tener presente las distinciones entre conceptos propios del derecho internacional público respecto de los del derecho público interno: es el caso de los conceptos de soberanía, territorio y libre determinación.

El constitucionalismo es un sistema que, si merece el nombre, si no se reduce a mera cobertura de poderes, toma como punto de partida el reconocimiento de derechos.

Lo hace para el mismo establecimiento de poderes, de unos poderes sociales. Los unos se deben a los otros, los poderes a los derechos. Han de garantizarlos y promoverlos. Para eso sirven constitucionalmente. Lo primero, el derecho, es lo primario o precedente; lo segundo, el poder, lo secundario o derivado.

La definición de reformas constitucionales es momento del derecho sustantivo más que del adjetivo. La armonización y la precisión de procedimientos se verán en la etapa reglamentaria.

Hay conciencia sobre la complejidad jurídica de las reformas propuestas; no están en la lógica que ha imperado en el orden jurídico. Por lo tanto, habría que encontrar los equilibrios necesarios entre unidad y diversidad, entre derechos individuales y derechos colectivos, entre normas legales generales y otras particulares, entre los principios de competencia y jerarquía de las normas, entre Constitución General y legislaciones locales y secundarias.

Los constitucionalistas han analizado que, como tendencia, en nuestros países muchas veces se busca crear normas constitucionales programáticas para el futuro, para cuando seamos grandes, para cuando seamos democráticos; otra tendencia es crear normas para mañana, para lo que necesitamos mañana, y pasado hay que reformar otra vez la Constitución; pero una tercera tendencia, que es la más grave y que es el peligro que pueden tener las nuevas normas constitucionales de derecho indígena, es la de no reflejar siquiera la realidad que está sustentando las demandas de los pueblos indígenas, y provocar distorsiones en la naturaleza de las demandas.

Es necesario aclarar que es un falso dilema preguntarnos si sólo con el contenido de nuevas normas constitucionales se resolverá la grave situación de los pueblos indígenas, conociendo de antemano la respuesta. Esta lógica nos podría llevar a la peligrosa conclusión de que da lo mismo tener el derecho que no tenerlo.

Otro argumento que suele interponerse resulta menos constitucional, aunque parezca más democrático. Se refiere al de las mayorías y las minorías allí donde ocurre o se presume que los pueblos indígenas se comprenden entre estas últimas, entre unas minorías.

Mas una cuestión constitucional tan primaria como la de unos derechos colectivos de alcance constituyente no es cuantitativa, sino cualitativa.

No es de demografía, sino precisamente de derecho constitucional. No depende de mayorías y minorías, de cuántos sean los unos y los otros, los de unas o los de otras culturas, sino de que la pluralidad cultural se dé.

Una vez que dichas normas se integren a la Constitución, serán parte del interés general que dicha Carta Fundamental representa.

Son normas para todos los mexicanos, si bien para los pueblos indígenas tienen implicaciones directas en su ejercicio, para el resto las tiene en la obligación de respetarlas y para el Estado el garantizar su ejercicio.


La definición de los pueblos indígenas como nuevos sujetos de derecho


A la definición contenida en la iniciativa debe relacionársele con el elemento adicional que establece el convenio 169 de la OIT, esto es el de la conciencia de su identidad indígena como criterio fundamental.

El texto de la iniciativa reconoce derechos, no asigna competencias, no crea nuevos niveles de gobierno; consigna el reconocimiento de derechos colectivos a un nuevo sujeto jurídico constituido por cada pueblo indígena, derechos de naturaleza diferente a los individuales (derechos fundamentales que no se cuestionan y a los que no renuncian los integrantes de los pueblos indígenas).

Cuando se reconoce en la primera frase del párrafo primero del artículo 2o., hoy vigente, que “la Nación Mexicana tiene un carácter pluricultural sustentado originalmente en sus pueblos indígenas”, se refiere a que existe un sujeto preconstitucional y constituyente de la nación mexicana.

La gran mayoría de los mexicanos somos descendientes de los pueblos originales y de los españoles; sin embargo, algunos mexicanos pertenecen a los pueblos indígenas y conservan todas o parte de sus culturas propias. Por lo tanto, no todos los mexicanos tenemos existencia distintiva en tanto pueblos indígenas, ni funcionamiento colectivo a partir de culturas diferentes.

Debe considerarse la naturaleza colectiva de los derechos de los pueblos indígenas, dimensión que no puede incluirse en los derechos individuales.

Como sabemos, la concepción clásica de los derechos humanos define como destinatario o destinataria a la persona. Así lo podemos constatar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y en el de los Derechos Económicos y Sociales.

Situación que se refleja de manera similar en la Declaración Americana y en el Pacto de San José. Hay, así, derechos humanos básicos para toda persona independientemente de su género, raza, lengua, religión. Son derechos universales, derechos iguales.

Esta concepción ha sido ampliada del plano de los derechos civiles y políticos a los económicos y sociales, es decir, al del contexto necesario para que se respeten y ejerzan los derechos inherentes a todo ser humano.

Según la doctrina clásica a cada derecho individual corresponde una acción individual y el titular del derecho es el titular de la acción.

En este caso se trata de derechos cuya titularidad es difusa, porque no puede ser individualizada. Por ejemplo, todos los integrantes de un pueblo son sujetos del mismo derecho; todos tienen su disponibilidad y, al mismo tiempo, no pueden contrariarlo porque violarían los derechos de todos los otros miembros del pueblo. Por ello, su violación o desconocimiento acaba por condicionar el ejercicio de los derechos individuales tradicionales.

Se trata del reconocimiento constitucional a una realidad social que permanece a contrapelo de la pretensión de homogeneidad y de igualdad. Los pueblos indígenas persisten, han practicado y practican formas de organización social y política, y cuentan con culturas diferentes que por lo demás están en nuestras raíces como nación. Ninguna de las llamadas garantías individuales permite la adaptación a estos derechos colectivos, a estos derechos de pueblo, a este nuevo sujeto jurídico.

Los pueblos indígenas están asentados en comunidades que a su vez lo están en uno o varios municipios de una o varias entidades federativas (por ejemplo, en Chiapas, el pueblo tzotzil se encuentra en Zinacantán y San Juan Chamula, o el tojolabal en las Margaritas, Comitán y Altamirano; en los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. están los huicholes).

Por lo tanto, la garantía constitucional de autonomía cuya titularidad correspondería a los pueblos indígenas se ejercería a partir del espacio comunitario, que sería su unidad primaria de representación. Pero no sólo en él, no se encerraría el ámbito de la autonomía en los límites territoriales de la comunidad, por ello se plantea la asociación de comunidades de uno o más pueblos.

La comunidad encierra el ejercicio de derechos hacia adentro y en el marco del horizonte actual de cada una de ellas acostumbradas a la sobrevivencia, muy ligada al autoconsumo.

En contraste, el concepto de pueblos proyecta hacia afuera los derechos de la comunidad.

El concepto de pueblo indígena constituye una apuesta a su paulatina reconstitución que no obliga a sus comunidades de manera mecánica a romper su unidad interna o transformarse y abrirse si no lo deciden, pero permite un horizonte de futuro para aquellas que así lo definan.

Asumir la pluriculturalidad desde el punto de vista jurídico significa reconocer que el país tiene divisiones culturales y políticas a lo largo y ancho del país e independientemente de la división territorial en entidades y municipios, pueblos que no obstante la pulverización en comunidades continúan reconociendo su pertenencia a ese concepto mas amplio.

Reconocer a los pueblos indígenas como la matriz de esas culturas plantea la necesidad de que la nación se organice y su orden constitucional exprese esa característica.

La libre determinación y la autonomía


Los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificados por México y que por ello constituyen también parte de la ley suprema conforme el artículo 133 constitucional.

En su artículo primero (numeral 1.1) señalan: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.”

El Convenio 169 de la OIT, si bien no menciona de manera explícita el derecho a la libre determinación, sí lo presupone al señalar desde su inicio, en el preámbulo, la necesidad de que los pueblos controlen sus instituciones propias dentro del marco del Estado en que viven; también dispone los principios de participación y consulta en la toma de decisiones y el control sobre su desarrollo social y cultural. Esta normatividad internacional ha sido asumida por nuestro país al ratificar dichos instrumentos jurídicos.

El ejercicio de este derecho fundamental en el marco del Estado nacional es la garantía de existencia y desarrollo de los pueblos indígenas.

Derivada de ello, la autonomía y autogobierno son condiciones básicas. La autonomía y el autogobierno no son otra cosa que la capacidad de decidir los asuntos fundamentales de acuerdo con su cultura y bajo unas reglas pactadas con el Estado.

La propuesta, incluida en los Acuerdos de San Andrés, es reconocer la autonomía como garantía constitucional para los pueblos indígenas, con el fin de dotarlos de derechos específicos en torno a los aspectos sustantivos que constituyen su razón de ser como pueblos, por ejemplo, formas propias de organización social y política, promoción y desarrollo de sus culturas, sistemas normativos, definición de estrategias para su desarrollo, acceso al uso y disfrute de recursos.

Para valorar esta iniciativa es indispensable advertir sobre la confusión que se ha planteado entre soberanía y autonomía. De ella derivó el razonamiento sobre la supuesta balcanización. La autonomía no implica separatismo. No se cuestiona el dominio eminente del Estado sobre el territorio nacional.

Por otra parte, el artículo cuarto constitucional se ubica en la parte dogmática de la Constitución, la que refleja los derechos fundamentales y, por ende, los valores que serán garantizados, entre los que ha estado ausente el de la pluriculturalidad. No contiene, por lo tanto, expresión alguna que vulnere el pacto federal contenido en su parte orgánica.

La iniciativa que presentamos el día de hoy, precisa la libre determinación y la autonomía relativa a un conjunto de derechos limitados, acotados, no está colocando a los pueblos indígenas por encima de la nación mexicana.

Acerca de la protección de sus territorios: las tierras y los recursos naturales

El territorio es un concepto clave en la delimitación y reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas. Se refiere al espacio geográfico que se encuentra bajo la influencia histórico - cultural y el control político de un pueblo, lo que permite tomar decisiones sobre los recursos naturales para definir cómo se usan y cómo se dispone de ellos.

Recordemos que estos pueblos cuentan con conocimientos ancestrales y que el territorio está asociado a su vida ritual, creencias, lugares sagrados; incluso su organización social se relaciona con la ocupación y distribución adecuada de los recursos naturales.

Es importante aclarar que el ejercicio de este derecho, como todos los demás, está sujeto a la delimitación de competencias frente al Estado; no se trata de ejercer soberanía.

Este concepto está definido en el parágrafo 2 del artículo 13 del Convenio 169, al señalar que la utilización del término “tierras” deberá incluir el concepto de territorios, “lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera”.

La propiedad y posesión se refiere, por lo tanto, a las tierras y no al territorio; ocupación y utilización es sinónimo de uso y disfrute. Siendo éste el significado del territorio para la preservación y desarrollo de los pueblos indígenas, resulta clara su distinción con la mera tenencia de la tierra, cuya regulación jurídica y tipos de propiedad establecidos se mantienen.


Sistemas normativos


Hoy en día los pueblos indígenas aplican sus normas y las modifican y en efecto administran justicia. Se trata de que adquieran el derecho constitucional sobre esas prácticas históricas.

El reconocimiento de los sistemas normativos es otro de los derechos referidos a situaciones que históricamente se han ejercido por los pueblos indígenas como un importante elemento para mantener su cultura.

Son formas de justicia que les han permitido regularse internamente, enfrentar el conflicto y mantener la cohesión colectiva. Se habla de “sistemas” porque cuentan con órganos específicos de tipo colegiado, procesos orales con garantía de audiencia para los implicados, sistema de sanciones y de verificación de su cumplimiento y, sobre todo, normas de cohesión y control social.

Con base en lo señalado, parece conveniente el reconocimiento constitucional a los sistemas normativos. Ello no implicaría violación a la división de poderes.

Se establece la coexistencia con otras normas como las que se refieren en el artículo 21 constitucional, el cual señala: “la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial”, y la del artículo 17 constitucional que establece que: “ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

El reconocimiento constitucional otorgaría validez jurídica a las decisiones de estos pueblos y estatus de derecho público. Quedaría así claro que la justicia indígena es justicia propiamente dicha y no forma de resolución de conflictos entre particulares, como se ha pretendido equiparar.

Con este reconocimiento, no se crearían “fueros indígenas especiales”.

En primer lugar, el centro de la norma constitucional es el reconocimiento a los sistemas normativos.

La convalidación sería parte de los mecanismos de articulación de dicho reconocimiento con el conjunto del orden jurídico y esta característica no la tienen los fueros o tribunales especiales.

Es decir, la materia de la convalidación serían las resoluciones específicas de los pueblos indígenas y de ninguna manera el derecho autonómico de “aplicar sus sistemas normativos”.

La precisión en cuanto a la materia del orden jurídico, civil, penal, fiscal, mercantil, administrativo y laboral, se regularán en la legislación secundaria.

Este sistema de administración de justicia indígena, en un proceso reglamentario podría válidamente considerarse como base de instancia final en casos menores y de primera instancia jurisdiccional en casos graves, dejando a las autoridades externas la posibilidad de resolver en apelación, siempre y cuando se introduzcan reformas que permitan la consideración de los elementos culturales que incidieron en los hechos materia del litigio, tales como uso del traductor en lengua indígena, peritajes de autoridades tradicionales, testimoniales de la comunidad, entre otros.

De ser el caso, la siguiente etapa consistiría en precisar los ámbitos materiales y espaciales de la jurisdicción reconocida a los pueblos indígenas: sin duda requiere reglamentación, delimitación de funciones, de competencias, habrá asuntos que deben quedar a cargo del Estado, incluso muchos de ellos de mandados por los propios pueblos, como por ejemplo, el combate al narcotráfico.

Se precisaría si la capacidad jurisdiccional de los pueblos se refiere a todas aquellas situaciones que se presenten en el territorio ocupado por ellos, independientemente de que en ellas participen indígenas y/o no indígenas, o bien si en algunas situaciones se requiere establecer la “opción de jurisdicción” para que se defina quién atiende tal o cual situación o conflicto.


La comunidad como entidad de derecho público


Otro de los elementos de la iniciativa se refiere al reconocimiento de la comunidad indígena como entidad de derecho público en atención a su origen histórico y a que no tiene como finalidad la satisfacción de intereses particulares: operaría independientemente del tipo de tenencia de la tierra. Con ello permitiría el manejo de recursos públicos, le dotaría de personalidad jurídica para ser sujetos de derechos en los asuntos que les atañen, como realizar la planeación comunitaria de sus proyectos de desarrollo, asociarse libremente con otras comunidades o municipios para promover proyectos comunes que fortalezcan a los pueblos indígenas, otorgar presunción de legalidad y legitimidad a sus actos, definir representantes para la integración de los ayuntamientos y, entre otras funciones, establecer y aplicar las disposiciones relativas a su gobierno interno.

Así pues, el reconocimiento al pueblo indígena y el específico a las comunidades que lo integran no es excluyente, sino complementario o derivado. No implica modificación al pacto federal, no es un cuarto nivel de gobierno.

Por lo anteriormente expuesto y


CONSIDERANDO


PRIMERO. Que el dictamen aprobado la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados a partir de la iniciativa elaborada por la COCOPA y presentada por el Ejecutivo Federal que reforma los artículos constitucionales en materia indígena, lejos de conseguir los objetivos que le dieron fundamento, provocó la suspensión inmediata del diálogo y la negociación con el EZLN.

SEGUNDO. Que consecuencia de ello es la vigencia de la declaración de guerra que hizo el EZLN al gobierno federal en 1994 y la imposibilidad de firmar un acuerdo de paz con justicia y dignidad.

TERCERO. Que la publicación del decreto, más que significar un avance en la distensión nacional, provocó el malestar de las comunidades indígenas que han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación más de 300 controversias a cinco puntos constitucionales expresados en dicha reforma: los ámbitos de la autonomía, la libre determinación, tierra y territorio, recursos naturales, el reagrupamiento de nuevos municipios y los pueblos indígenas como entidades de derecho público.

CUARTO. Que el procesamiento legislativo al cumplir sus fases jurídicas no satisface las demandas y exigencias de un vasto sector de la sociedad mexicana, precisamente el principal destinatario de la ley y que han sido apoyados por millones de mexicanos físicamente, con su presencia en calles y plazas en las movilizaciones, y con su opinión, en las consultas públicas realizadas por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena.

QUINTO. Que los legisladores debemos reconocer que la incitativa de ley de modificaciones constitucionales en materia indígena, elaborada por la COCOPA, que hoy presento nuevamente al pleno de esta honorable Legislatura, a nombre de un grupo de diputados, tiene una dimensión mayor que otras iniciativas elaboradas por los partidos políticos o el Poder Ejecutivo, pues es el resultado de una negociación bilateral entre el gobierno y el EZLN.

SEXTO. Que la iniciativa de ley que hoy se presenta, formaliza los acuerdos entre el EZLN y el gobierno, conocidos como de San Andrés Larrainzar, que especifican cuales son las aspiraciones de las poblaciones originarias de México, por lo que se debe aceptar esta iniciativa de ley como el documento que finca y antecede la firma de un acuerdo de paz.

SÉPTIMO. Que el procesamiento legislativo no puede perder de vista que las reformas a la Constitución aquí propuestas son una condición ineludible para despejar los riesgos de inestabilidad y avanzar en la pacificación, la concordia y el desarrollo equilibrado y democrático de amplias regiones del país donde se asientan las comunidades indígenas.

OCTAVO. Que el Congreso de la Unión no es una oficialía de partes que recibe y daca, con rúbricas indelebles, acuerdos que no reflejan la esperanza de los mexicanos, sus demandas sociales, políticas, económicas, culturales e históricas. Por el contrario, el Congreso de la Unión es un espacio creado por la ciudadanía en complejos y frecuentemente penosos procesos históricos. Su fin es producir los argumentos que vinculen la buena fe con la lucidez, la responsabilidad con la oportunidad de lograr que prevalezcan los intereses colectivos por sobre los intereses de facciones, grupos o minorías ilustradas que pretenden negar la existencia de individuos y comunidades que reclaman, el respeto a su cultura sus derechos de posesión y acceso a los recursos naturales de los territorios donde ancestralmente han vivido.

NOVENO. Que corresponde a los legisladores propiciar, con su participación decidida, a que la iniciativa de modificaciones constitucionales en materia indígena, elaborada por la COCOPA, tenga un procesamiento donde participen, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y a favor de la paz, todos los pueblos indígenas de México y la sociedad en general en una Consulta pública convocada por el Congreso de la Unión, y que el dictamen final que se presente, sea el resultado de esta consulta, tal como lo dispone el actual marco jurídico nacional.

Con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56, 60, 63, 135, 138, 139, 140, 141, 165 y 168 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a su consideración, la siguiente



INICIATIVA DE LEY QUE ESTABLECE
MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA INDÍGENA



Artículo Único.- Se reforman y adicionan los artículos 2, 4, 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos para quedar como sigue:

Art. 2°.- Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por ese sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Art. 4°.- La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la colonización y antes de que se establecieran las fronteras de los Estados Unidos Mexicanos, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicos, culturales y políticas, o parte de ellas.

Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado mexicano, para:

I.- Decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política, y cultural;

II.- Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, en particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, juicios y decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado;

III.- Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno de acuerdo a sus normas en los ámbitos de su autonomía, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad;

IV.- Fortalecer su participación y representación política de acuerdo con sus especificidades culturales;

V.- Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la Nación;

VI.- Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que configuren su cultura e identidad, y

VII.- Adquirir, operar y administrar sus propios medios de la comunicación.

La Federación, los estados y los municipios deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, y con el concurso de los pueblos indígenas, promover su desarrollo equitativo y sustentable y la educación bilingüe e intercultural. Asimismo, deberán impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la Nación y combatir toda forma de discriminación.

Las autoridades educativas federales, estatales y municipales, en consulta con los pueblos indígenas, definirán y desarrollarán programas educativos de contenido regional, en los que reconocerán su herencia cultural.

El Estado impulsará también programas específicos de protección de los derechos de los indígenas migrantes, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Para garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, en todos los juicios y procedimientos que involucren individual y colectivamente a indígenas, se tomarán en cuenta sus prácticas jurídicas y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tendrán en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores, particulares o de oficio, que tengan conocimiento de sus lenguas y cultura.

El Estado establecerá las instituciones y políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con dichos pueblos.

Las Constituciones y las leyes de los Estados de la República, conforme a sus particulares características, establecerán las modalidades pertinentes para la aplicación de los principios señalados, garantizando los derechos que esta Constitución reconoce a los pueblos indígenas.









Art.26°.- …


La legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se tomen en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas en sus necesidades y sus especificidades culturales. El Estado les garantizará su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional.


Art. 53.- …
Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales y las circunscripciones electorales plurinominales, deberá tomarse en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su participación y representación políticas en el ámbito nacional….


Art. 73.- El Congreso tiene facultad:
I a XXVII.-…
XXVIII.- Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, respecto de los pueblos y comunidades indígenas, con el objeto de cumplir los fines previstos en el artículo 4º. Y 115 de esta Constitución;

Art. 115.- …
I a II.-…
III.- Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de ésta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e
i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivas.

Asimismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el estado para que este, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el estado y el propio Municipio;

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la Ley.

IV a V.-…
a) a j)…


En los planes de desarrollo municipal y en los programas que de ellos se deriven, los ayuntamientos le darán participación en los núcleos de población ubicados dentro de la circunscripción municipal, en los términos que establezca la legislación local. En cada municipio se establecerán mecanismos de participación ciudadana para coadyuvar con los ayuntamientos en la programación, ejercicio, evaluación y control de los recursos, incluidos los federales, que se destinen al desarrollo social.

VI a VIII.-…
IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa.

Las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena, tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen. Corresponderá a las Legislaturas Estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles, y

X. En los municipios, comunidades, organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias afines que asuman su pertenencia a un pueblo indígena, se reconocerá a sus habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con las prácticas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los procedimientos para la elección de sus autoridades o representantes y para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, en un marco que asegure la unidad del Estado nacional. La Legislación local establecerá las bases y modalidades para asegurar el ejercicio pleno de este derecho.

Las Legislaturas de los Estados podrán proceder a la remunicipalización de los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, la cual deberá realizarse en consulta con las poblaciones involucradas.

Art. 116.- …

I.-…
II.-…


Para garantizar la representación de los pueblos indígenas en las legislaturas de los estados por el principio de mayoría relativa, los distritos electorales deberán ajustarse conforme a la distribución geográfica de dichos pueblos.

Artículos Transitorios.-

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan los artículos transitorios del Decreto de Reformas Constitucionales de fecha 15 de agosto de 2001.







jueves, agosto 24, 2006

De cuando la República traicionó a los indígenas







Don Luis H. Alvarez, senador en ese tiempo (noviembre de 1996) y presidente de la COCOPA, nos convocó a los miembros de la comisión legislativa a reunirnos en San Cristóbal de las Casas. Llegamos todos: Heberto Castillo, Pablo Salazar, Juan Guerra, César Chávez, Pepe Narro, Rodolfo Elizondo, Juan Roque, Óscar López Velarde, Marco Michel, Oscar González, Benigno Aladro, excepto Fernando Pérez Noriega, quien andaba fuera del país, y nos encontramos en el hotel Flamboyant.

La COCOPA tenía casi dos años de existencia y enfrentaba toda clase de situaciones y provocaciones contrarias al espíritu de la paz en Chiapas.

La discusión fue intensa, pero fructífera. Las conversaciones entre el EZLN y el gobierno federal se efectuaban al amparo de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que contaba con el respaldo de las instituciones de la república, cámaras legislativas, poder ejecutivo, partidos políticos, organizaciones sociales, sociedad civil y ciudadanos.

El proceso de paz y negociación no era un acto de buena voluntad ni una ocurrencia, sino una acción ciento por ciento republicana.

La agenda de diálogo acordada entre el gobierno federal y el EZLN se organizó por temas de interés común a través de un procedimiento de consultas mutuas, así como un método de trabajo que permitiera que cada acuerdo tuviera la legitimidad que reclamaban los actores involucrados en el conflicto.

El primer tema a discutir fue Derechos y Cultura Indígenas, después seguirían: Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo, Los derechos de la Mujer, La Reconciliación en Chiapas y El Acuerdo Final de Paz.

El tema Derechos y Cultura Indígenas se discutió de octubre de 1995 a febrero de 1996, mes en el que el gobierno federal y el EZLN firmaron lo acordado. Contrariamente a la buena disposición mostrada durante la negociación del primer tema, en la discusión sobre Democracia y Justicia la delegación gubernamental enmudeció, se mostró insolente y arrogante, revelando una actitud impropia, por lo que el diálogo se convirtió en monólogo; en la mesa de negociación había dos partes, pero el gobierno no hablaba.

Mientras esto sucedía, los partidos negociaban con el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett, una reforma electoral que no incluía el tema indígena.

Por la vía de los hechos, el diálogo entró en crisis, producto de la actitud del gobierno y las dirigencias partidarias. Al término formal de las sesiones de trabajo sobre ese tema, con justa razón el EZLN declaró suspendido el diálogo en tanto el gobierno federal no modificara su actitud y cumpliera lo pactado en el tema Derechos y Cultura Indígenas.

En este contexto, los miembros de la COCOPA nos reunimos, y después de una intensa valoración de argumentos a favor y en contra, por unanimidad decidimos elaborar una iniciativa de modificaciones constitucionales sobre la base del respeto puntual y escrupuloso del texto pactado entre gobierno y EZLN en materia de Derechos y Culturas Indígenas. El acuerdo logrado en la COCOPA condicionaba la elaboración de la iniciativa de ley a que gobierno y EZLN asumieran el compromiso de que la misma sería el documento que se enviaría la Congreso de la Unión para su discusión y aprobación.

Desde el salón de trabajo del Flamboyant, don Luis H. Alvarez y Heberto Castillo, ante todos los miembros de la COCOPA, llamaron al subcomandante Marcos y a Chuayfett para darles a conocer nuestra propuesta y su aprobación o no al acuerdo de la comisión legislativa.

Ambos representantes de la partes en conflicto dieron su consentimiento y nos dimos a la tarea de elaborar la denominada ley COCOPA, cuyo contenido es una traducción literal de lo que se conoce como acuerdos de San Andrés en materia de Derechos y Cultura Indígenas.

Concluida la iniciativa de ley, enviamos simultáneamente una copia del texto a la comandancia zapatista y otra, vía fax, al gobierno federal.

La respuesta del EZLN fue de aceptación, a pesar de "que tiene algunas lagunas consideramos que hay un avance importante"; incluso Marcos fue mas allá y dijo: "si siguen las señales por buen camino, lo más seguro es que la paz se firme en el primer trimestre de 1997" (La Jornada, 3/12/96). ¡Te imaginas vos, la paz a la vuelta de la esquina!

Sin embargo, la paz que tanto anhelábamos los mexicanos tenía enemigos: Ernesto Zedillo, su empleado Chuayfett, las dirigencias partidarias y quién sabe cuántos más. Al llegar a la reunión en Gobernación, Chuayfett nos recibió tratando de mostrarse como un constitucionalista, cuestionando la iniciativa de ley y señalando que tenía algunas observaciones de "técnica jurídica".

Poco después, en una reunión que sostuvimos con el presidente Zedillo, éste le enmendó la plana y le aclaró: "Emilio, no es un asunto de técnica jurídica. Tú porque eres del altiplano no eres tan claro como nosotros los del norte. No estoy de acuerdo con la iniciativa y punto". Delante de una subcomisión de la COCOPA, en un ambiente tenso, lo enfrenté: "Usted será el presidente, pero es el responsable de lo acordado en San Andrés". Me respondió con la mirada fija y la quijada rígida: "Si hubiera sabido lo que iba a firmar Bernal, hubiera preferido haberme esperado dos o tres meses para que no firmara lo que firmó". Todavía socarrón le contesté: "Pero el hubiera no existe. La iniciativa contiene literalmente lo que su gobierno firmó con el EZLN". Apretó más la quijada y casi nos corrió de Los Pinos.

Heberto, don Luis, Pepe Narro y Juan Roque, uno a uno expusieron sus argumentos y defendieron con firmeza la iniciativa de ley, pero salimos con rabia, impotencia y el corazón destrozado ante la actitud presidencial. Fue la última vez que la COCOPA se reunió con Zedillo.

Un año después, cuando sobrevino la masacre de Acteal, el presidente se decía condolido. La hipocresía no tiene límites en la salas del poder: tuvo la paz a su alcance y la mandó al carajo. ¿De qué chingaos lloraba?

Al mismo tiempo, la ofensiva propagandística contra la iniciativa de la COCOPA fue tan brutal como mentirosa.

Al terminar esta última reunión de la COCOPA, el presidente Ernesto Zedillo, (diciembre de 1996) se comprometió a responder a las zapatistas con un documento de observaciones a la Iniciativa de Ley en materia de Derechos y Cultura Indígenas.

Pero al estilo de Zedillo, el documento de observaciones no era tal, sino una nueva Iniciativa de Ley que desconocía lo pactado en San Andrés Larráinzar.

Con la estrategia presidencial nos echó montón el mundo, articulistas cercanos a la Presidencia de la República, empresarios y “constitucionalistas” oficiales acusaron a la COCOPA, de pretender “Balcanizar” el País, atentar contra la soberanía nacional; a Pablo Salazar y a mí nos acusaron de haber “traicionado” a Zedillo, dado que en nuestro carácter de priístas deberíamos de haber obedecido ciegamente la línea presidencial.

En plena etapa de presidencial de descalificación de la Iniciativa de Ley Indígena, incluso el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, fue parcial al afirmar que “la COCOPA era una comisión que representaba sólo a un grupo de indígenas de Chiapas (sic) y calificó de ignorantes a los que pretendían reformas constitucionales para la Autonomía de los pueblos indios, en virtud de que una reforma que diera autonomía a los pueblos indígena pondría en riesgo la soberanía nacional ya que se convertirían en pequeños estaditos independientes y soberanos”.

La boruca sustituyó la sustancia, pero nadie pudo demostrar ni lo ha podido hacer, que el contenido de la Iniciativa de Ley COCOPA, sea distinto al contenido de lo pactado en San Andrés. Este elemento nunca fue tratado por los articulistas o constitucionalistas aduladores de la Presidencia de la República. Es decir, si existía inconformidad con la Iniciativa de Ley, deberían haber cuestionado al Ejecutivo por haber pactado en los términos que lo hizo. Pero nunca lo hicieron, porque sus posturas eran parte de la estrategia presidencial del desconocimiento en lo hechos de los Acuerdos de San Andrés.

Por otro lado, y con justa razón, el EZLN nos planteó la necesidad de definir nuestra postura ante la posición presidencial y la propia Iniciativa de Ley.

Al interior de la COCOPA, la presión se hizo presente; a los del PAN se les colocó marcaje personal para que no insistieran en seguir apoyando la Iniciativa de ley; en el PRI, a Pablo Salazar y a mí se nos mandaban recomendaciones de la Presidencia y Gobernación para retirarnos del proceso de negociación. Sin ningún argumento, sino sólo porque había “razones de Estado”, el presidente Zedillo y el Subsecretario de Gobernación Arturo Núñez, le pedían ayuda a mis amigos Mario Luis Fuentes (Director del DIF) y Carlos Rojas (Secretario de Desarrollo Social) para que me convencieran de desistir de apoyar la Iniciativa de Ley. Ambos entendieron mis razones y fueron respetuosos de las mismas.

Reconozco que Arturo Núñez guardó una actitud de lealtad absoluta al presidente Zedillo, aunque éste no le correspondió en la misma forma en sus aspiraciones por Tabasco. Más bien lo dejó colgado de la brocha.

Dionisio Pérez Jácome, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno Federal, con un doble discurso presidencial reiteraba la disposición de las autoridades para sumar a los indígenas al desarrollo y reconocer sus derechos, pero eso si “sin vulnerar el marco jurídico hecho para todos los mexicanos”.

No obstante las presiones y dado que las posturas de la COCOPA se definían por consenso, en nuestra respuesta al EZLN no logramos el acuerdo para continuar adelante con el proceso legislativo de la Iniciativa de Ley, pero sí sostuvimos la Iniciativa de Ley como parte sustancial del proceso de negociación, desde el momento en que en el punto número tres del pronunciamiento público de la COCOPA del 4 de Marzo de 1997 precisamos: “La COCOPA con las consideraciones que a continuación se mencionan, sostiene la propuesta de reformas constitucionales en materia indígena de fecha 29 de noviembre de 1996, que es el resultado de un esfuerzo honesto y serio de todos sus miembros para conciliar las diferencias de las partes”.

Después de casi dos meses de toma y daca, quienes sosteníamos una postura en defensa de la Iniciativa, en medio de presiones intensas, habíamos logrado el consenso para impedir sacar del proceso de negociación a la Iniciativa de Ley COCOPA, cuyo referente es y ha sido obligado en la búsqueda de cualquier escenario que permita un desenlace positivo para el proceso de paz.

Aunque nuestra respuesta no fue la que esperaría el EZLN de la COCOPA, y su contestación fue muy severa a la misma, la Iniciativa de Ley, seguía como una de las partes sustantivas de la negociación, ante el desencanto presidencial.

Posteriormente en el año de 1998, el Presidente Zedillo, turnó una Iniciativa de Ley Indígena al Congreso de la Unión, la cuál no tenía nada que ver con los Acuerdos de San Andrés; dicho acto sólo buscó crear un clima de distracción pública, porque detrás de la misma turnó la Iniciativa de Ley del Rescate Bancario, que ha hipotecado el futuro de varias generaciones de mexicanos.

De esta manera, de nueva cuenta por “razones de Estado” el gobierno utilizaba y manipulaba el tema indígena como bola de humo, para imponer una de las leyes (IPAB) más leoninas y draconianas que recuerde el país.

Ya una vez terminado su sexenio, el presidente Zedillo defensor del “marco jurídico hecho para todos los mexicanos”, se alquilaba como empleado de una de las empresas ferrocarrileras trasnacionales beneficiadas con las privatizaciones producidas durante su mandato.

En la campaña presidencial del año 2000, “los Acuerdos de San Andrés” se convirtieron en uno de los temas principales. El candidato Vicente Fox, se comprometió a cumplirlos.

Ya como presidente de la República, en un acto propagandístico, sin trabajo de operación política ni construcción de acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, el mandatario turnó la Iniciativa de Ley en Materia de Derechos y Cultura Indígena elaborada por la COCOPA, al Senado de la República, acompañándola de una intensa campaña publicitaria.

De nueva cuenta, como diputado federal del PRI, me designó el grupo parlamentario como su representante ante la COCOPA. De la primera Comisión no había ni vestigios. Demetrio Sodi, como “representante” del PRD en la COCOPA, era una cosa espantosa, sus intervenciones “lúcidas”, giraban en torno a defender a Diego Fernández de Cevallos y en alabar la “bondad presidencial”. ¡Heberto, cuánta falta nos hiciste!

Como pudimos, Rutilio Escandón y Emilio Ulloa del PRD, José Narro del PT y yo, realizamos las acciones a nuestro alcance para enfrentar lo que vislumbrábamos como una acción mediática y traidora de parte de las fuerzas de la derecha enquistadas en los tres partidos más grandes del país.

El ex Secretario de Gobernación Santiago Creel, ya apuntaba desde entonces a ser lo que es, puro bla, bla. Nunca reunió a los coordinadores de los grupos parlamentarios y mucho menos a la COCOPA, para diseñar una ruta de trabajo con el propósito de desahogar tan importante tema. Sólo conferencias de prensa con la voz impostada y haciendo alardes de muchacho chicho, deslindándose siempre del resultado legislativo. En su “brillante estrategia de dar atole con el dedo”, el “bueno de la película” sería el gobierno federal y los “malos”, los muchachos del Congreso, para lo cual Diego Fernández se prestó con mucho gusto y se llevó al baile incluso a los senadores del PRD.

Casi en paralelo a la presentación de la Iniciativa de Ley Indígena por parte del ejecutivo federal, el EZLN realizó una exitosa caravana del sur al centro del país. Las movilizaciones en torno al zapatismo y a la causa indígena fueron enormes y vibrantes. Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Querétaro, Guerrero, Puebla y Tabasco vieron pasar la caravana zapatista, en medio de grandes muestras de apoyo y solidaridad.

La movilización social generó grandes expectativas en torno al gran pendiente indígena. Por la calidad y cantidad de apoyos hacia los zapatistas, parecería que el Congreso de la Unión sabría leer lo que de él esperaban los pueblos indígenas del país.

A su llegada al Distrito federal, se concretó una reunión entre la COCOPA y el EZLN en la Escuela de Antropología. Los nuevos miembros de la Comisión Legislativa, acostumbrados a “recibir línea” de sus líderes parlamentarios, aceptaron llevar una propuesta “cuentachiles” para el establecimiento de un formato de diálogo entre el Congreso de la Unión y el EZLN; casi se le proponía a los zapatistas, “verse en lo oscurito” y no de frente a la Nación.

La respuesta del EZLN fue enérgica y demandó hacer uso de la tribuna del Congreso de la Unión para aportar sus argumentos en relación con la propuesta de Ley en materia de Derechos y Cultura Indígena. Ante dicha petición, la derecha mexicana se mostró horrorizada y se preguntaba en voz alta, “¿Cómo es posible que indios desarrapados quieran hablar en la más alta tribuna de la Nación?”.

El debate en el Congreso de la Unión fue intenso, las derechas del PAN y del PRI, mandaron sus “expertos juristas” para impedirle a los indígenas su pretensión. Pero lo que estaba discutiéndose no era un hecho cuya interpretación fuera de carácter jurídico, lo esencial y el fondo de este debate era si el actual sistema político incluía o no a todos los mexicanos.

Esta cuestión, que taladra a los más conspicuos personajes de la política mexicana, intentó ser detenida infructuosamente por la derecha parlamentaria. Por 10 votos, ganamos en la Cámara de Diputados la votación para que los indígenas hicieran uso de la tribuna del Congreso de la Unión.

La maniobra del ejecutivo federal estaba clara, él mandaba la iniciativa de Ley Indígena, pero los legisladores de su partido se oponían a cualquier acción en favor de ella, y aunque perdieron esta votación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores se fraguó el Dictamen sobre la Ley Indígena, el cual tiró al cesto de la basura todo el esfuerzo y trabajo de años de funcionarios del propio gobierno, del propio Congreso de la Unión, del EZLN y de grandes núcleos de la Sociedad Civil.

La ley aprobada no tiene nada que ver con el proceso de negociación, ni con el contenido de lo esencial de los Acuerdos de San Andrés.

No fue aceptada ni por los zapatistas, ni por ningún pueblo indígena. Como aportación para la paz, no sólo es una traición sino un fracaso.

En febrero del 2002, un grupo de 160 legisladores de todos los partidos políticos, acompañados de núcleos indígenas de diferentes partes del país y miembros de la sociedad civil, volvimos a presentar la Iniciativa de Ley de la COCOPA ante la Cámara de Diputados, la cuál hasta hoy sigue vigente, esperando que algún día las instituciones honren su palabra y recuperen la actitud republicana que nunca debieron perder.

Eso será posible cuando la mayoría de los mexicanos decidamos tomar el rumbo del país en nuestras manos, momento que ojalá no esté muy lejano.




viernes, agosto 18, 2006

COCOPA: Una Alternativa Legislativa

















Lorenzo Leon Diez

El trabajo político y periodístico de Jaime Martínez Veloz es fundador –junto con grupo de legisladores, entre los que están Heberto Castillo y Luis H. Álvarez- de una experiencia “inédita”1 en la historia reciente de la política en México. La guerra declarada al Gobierno Federal por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994 propició que, casi un año después, (20 de diciembre) se creara un organismo que nos asomó a lo que puede ser una nueva forma de hacer política y que hizo que el Congreso de la Unión encauzara y condujera la negociación entre el gobierno y el EZLN. Los trabajos de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) no tienen antecedente en un país en el que tradicionalmente se ha dado una relación de subordinación del poder legislativo al Ejecutivo.

Este modelo de representación nacional que fue gestor entre los rebeldes y las instituciones de la República, dio la oportunidad a un conjunto de hombres, de aportar su experiencia, talento e inteligencia (pero sobre todo una voluntad urgente y generosa), para evitar la violencia y el desangramiento entre mexicanos.

Esta Comisión de Concordia y Pacificación escribió un capítulo decisivo en la historia nacional, que todavía no termina. Detuvo en lo posible los enfrentamientos, dialogó con las Partes. Colaboró con la Comisión Nacional de Intermediación (Conai, creada en torno a la figura del obispo Samuel Ruiz) e hizo que se firmaran unos Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Con base en ellos, que suscribían la fase de la negociación correspondiente a Cultura y Derechos de los Pueblos Indígenas, elaboró una Iniciativa de Ley en materia de Derechos y Cultura Indígena que recibió el Presidente Ernesto Zedillo los primeros días de diciembre de 1996

Jaime Martínez Veloz, primero como representante del Partido Revolucionario Institucional y después del Partido de la Revolución Democrática en dicha Comisión y como escritor político, nos presenta en esta compilación de artículos su experiencia en la mediación entre sus colegas legisladores, el Presidente de la República y el Subcomandante Marcos, entre otros personajes del conflicto; es, sin duda, uno de los eventos más novedosos en las formas de negociación entre un gobierno y un grupo armado en rebeldía.

La Cocopa ahora ya no es lo que fue. Desde su seno se ha declarado desvitalizada y como “letra muerta” los Acuerdos que logró , por lo que los escritos de Martínez Veloz cobran más pertinencia y actualidad, pues registran la iniciativa autónoma de los diputados con relación a un conflicto que involucra al Ejército Mexicano y a todas las agencias de seguridad nacional; pero sobre todo compromete el rostro histórico del país, que al verse reflejado en este conflicto, reconoce la razón de una lucha que toca los orígenes de nuestra nación.

La zona del conflicto en Chiapas contiene a las comunidades de base zapatistas, donde existe una ocupación militar permanente, que cerca un complejo selvático conocido por la región de Las Cañadas donde están pertrechados cientos de hombres y mujeres tzotziles, tzeltales, choles, mames, tojolabales y zoques, que son las etnias identificadas con el EZLN, cuyo jefe estratégico e ideológico es un hombre blanco, enmascarado, que ha signado con sus palabras y escritura el fin y comienzo del siglo, no sólo en México, sino en el mundo.

La palabra política de Jaime Martínez Veloz es al mismo tiempo palabra histórica, pues se trata de un registro desde el centro de los acontecimientos. No es solamente un periodista sino un protagonista; así, la recopilación de sus artículos ofrece un punto de vista que es, también, una posición legislativa.

Los integrantes de la Cocopa iniciaron su labor avalados por la fuerza republicana del Congreso de la Unión y terminaron su periodo correspondiente a la LVI legislatura, con voces condenatorias. “La Cocopa fue marginada, estigmatizada y reducida, alejándose para todo el sexenio que termina las posibilidades de llegar a un acuerdo de paz”.

Desde el 14 de junio de 1998, Martínez Veloz reveló la herida de muerte de la Cocopa. Fue condenada porque cometió el delito de ser autónoma en sus opiniones y decisiones frente al Ejecutivo.

Al principio, en noviembre de 1995, Martínez Veloz reconocía una exitosa simetría entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo en el proceso de pacificación en Chiapas y declaraba que la Cocopa contaba con la confianza del Presidente y las instituciones que conforman el gobierno federal

En octubre de 1996, siendo quizá el momento más fluido de la mediación, Martínez Veloz identifica ideas semejantes del Presidente y el subcomandante Marcos, acerca de la solución definitiva que requiere tener el conflicto.

Reconocía que el gobierno del Presidente Zedillo inició con dos preocupaciones fundamentales: impulsar una reforma democrática de Estado y alcanzar una paz digna en Chiapas.

Sin embargo, de la confianza inicial se pasó a la sospecha y a la condena. En marzo de 1998 el diputado Arturo Núñez Jiménez –coordinador de la bancada priísta- acusó públicamente a tres integrantes de la primera Cocopa, de carecer de técnica jurídica Ya el 16 de febrero de 1997 Marcos había denunciado que se acusaba a los legisladores de “falsos redentores” y a la iniciativa de ley por ellos propuesta, de “pretender la fragmentación de la Nación mexicana”. Desde la Secretaría de Acción Indígena del PRI se dijo que la propuesta de la Cocopa insertaba conceptos “confusos” y trataba de manera “imprecisa y restringida” la participación de los indígenas en la vida política nacional, una postura que contradecía la aprobación (el 6 de enero) de las reformas constitucionales para el reconocimiento de las autonomías de los grupos indígenas en un documento interno de la Secretaría de Asuntos Indígenas del mismo partido.

Actuaron de mala fe, se dijo de ellos. Los legisladores priístas comentaron que sus representantes tomaron decisiones contra los intereses de su partido. A esas voces contestó Martínez Veloz: Precisamente porque pensábamos en dichos intereses nos negamos en muchas ocasiones a acatar instrucciones de burócratas que tienden a creerse los dueños de nuestra organización: desde las oficinas públicas se nos condenaba a los priístas a conocer, aprobar y hasta defender apresuradamente iniciativas que muchas veces atraían sobre nosotros el descrédito.

Reconoce que los Acuerdos de San Andrés no fueron cumplidos por el gobierno. Declara: Un diálogo se basa en la capacidad de negociación y en el cumplimiento de los acuerdos entre las partes. Si los acuerdos no se cumplen la negociación se convierte en una forma de ganar tiempo, de intentar engañar al otro.

Martínez Veloz es, en ese momento, uno de los hombres públicos del régimen más preocupados por la mayor amenaza que enfrenta el EZLN; (del que reconoce que su mayor aportación ha sido recordarnos que un país sin raíces es un país sin futuro): el olvido y la imposibilidad práctica de encontrar una forma organizativa externa y nacional que retome su causa. Esto sin dejar de mantener una actitud crítica ante lo que lleva el culto a los comandantes zapatistas6 y a los propios entusiastas del subcomandante que ha sorteado la tentación de la heroicidad y el martirologio momentáneos, que muchos de sus supuestos “simpatizantes” esperan desde el fondo de sus corazones.

En la Cocopa, Martínez Veloz realiza una activa tarea de divulgador de los puntos de vista partidarios. Escribe artículos, pronuncia discursos, redacta documentos, hace declaraciones a la prensa, tiene contacto con diversos personajes y grupos en esta escena de múltiples actores. Estas son, a manera de serie rápida, sus ideas y sus exhortaciones: Hay que concretar propuestas ante la Permanente para que se incluya el expediente de la Comisión en la agenda. Platicar con el Presidente de la República para que exista menos resistencia. Diseñemos una mecánica de trabajo para lograr la jornada de la movilización nacional. Hablemos con los presidentes de los partidos políticos, con los consejeros ciudadanos La distensión militar es una condición fundamental. Para el PRI el diálogo es el instrumento político para alcanzar los acuerdos fundamentales. Debemos construir las formas, los mecanismos para evitar malas interpretaciones, sobre todo en los medios de comunicación y discutir de frente un método muy ágil que nos permita asistir a las consultas sin tener que utilizar forzosamente los medios de comunicación para esgrimir los argumentos que tiene cada una de las partes.

Un año después de iniciado el conflicto y a casi un mes de haberse creado la Pre-Cocopa, el 15 de enero de 1995 el Secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán, dialoga en la selva Lacandona con el subcomandante Marcos y ambos refrendan su compromiso para llegar a la paz en el estado. Sin embargo, un mes más tarde, intempestivamente, se ordena desde la Presidencia de la República, la aprehensión de Rafael Sebastián Guillén Vicente a quien señala como el Sub Comandante Marcos y 17 miembros del EZLN, en lo que sería conocida como la “traición del 9 de febrero”. Se captura a Javier Elorriaga (Vicente) y Jorge Santiago, del EZLN. El primero había sido correo entre la organización armada, el Secretario de Gobernación Esteban Moctezuma y el Presidente Zedillo.

Es una persecución decidida. El 20 de febrero cerca de 29 unidades, entre tanquetas, jeeps y camiones del Ejército Mexicano toman el campamento del subcomandante Marcos y sustraen todas sus pertenencias. Esto se realiza después de que el Presidente ordena, el 14 de febrero, no continuar persiguiendo a los zapatistas. Finalmente, se avizora una salida. El 22 de febrero el Presidente Zedillo invita al Poder Legislativo a elaborar una Ley para el Dialogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Martínez Veloz, declara : El actual marco legal no posibilita la preservación de los derechos y cultura de los pueblos indígenas., por ello el gran valor de la Ley del diálogo ha sido no el proponer una resolución jurídica definitiva, sino el de proporcionar un puente.

La distensión se inicia. El 21 de marzo el comandante de la XXXVI Zona Militar, Ángel Jorge Lasso de la Vega, anunció que el Ejército Mexicano cumplió órdenes de replegarse de la zona del conflicto, donde se concentraban más de 10 mil soldados, como informó, a su vez, el Comandante de la Séptima región Militar, Mario Renán Castillo (abril 21 1996) Martínez Veloz y sus compañeros visitan 30 comunidades de los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, para constatar la desocupación y preparar la agenda de fechas de reinicio del dialogo.

Simultáneamente a estos acontecimientos, el 14 de febrero de 1995, el gobernador Eduardo Robledo Rincón, solicita y obtiene licencia para separarse del cargo. El Congreso local nombra a Julio César Ruiz Ferro como gobernador interino.

En esos días la actividad rebelde en la toma de ranchos y los enfrentamientos y persecuciones de las guardias pagadas por los finqueros y ganaderos, llevaron a estos a pedir a la Procuraduría General del estado un permiso oficial para adquirir armas que permitieran defender su patrimonio de las bandas delictivas. No fue autorizado.

El EZLN acusó al Ejército Mexicano de preparar una patrulla de Autodefensa Civil con los indígenas y campesinos militantes del PRI.

La tensión entre el Estado, el poder indígena y la Iglesia afectó a todos. Esta última sufrió un agravio cuando el 22 de junio de 1995, la Secretaria de Gobernación detiene y deporta a los sacerdotes Rodolfo Izal Elorz, Jorge Alberto Barrón Gluten y Loren Leroye Rubee Star, de nacionalidad española, argentina y norteamericana, respectivamente, acusados de realizar “actividades ilícitas y otras no autorizadas a su calidad migratoria”.

Martínez Veloz pide que la Secretaría de Gobernación explique la causa de la deportación de los tres sacerdotes de la Diócesis de San Cristóbal y alerta sobre el clima de tensión que se está creando. Escribe que tratar de resolver problemas políticos por la vía policiaca no es la solución.
El 2 de julio más de 4 mil indígenas choles y tzeltales realizan una marcha acompañados de ministros católicos, para exigir el retorno de los sacerdotes expulsados.

Era esta acción otro viraje, pudo notar MV, en la conducción por parte del Gobierno Federal en el proceso de negociación, y previene que tal circunstancia podría echar por la borda lo construido hasta el momento.

Llama desde la Cocopa, al EZLN a informar sobre su posición ideológica y estratégica. También llama al gobierno para lograr un cambio en el eje táctico de la negociación con el EZLN que hasta ahora se ha mantenido a la cola de la espectacularidad zapatista tan atractiva en tiempos de crisis. El grupo guerrillero tiene la razón histórica y ha sabido enarbolar la suma de reivindicaciones de sus seguidores. Al gobierno combatir las ideas que el EZLN maneja le está resultando bastante caro.

El 17 de abril de 1995 nombra el gobierno a Marco Antonio Bernal Gutiérrez como Coordinador para el Diálogo y Pacificación para Chiapas e inicia, de inmediato, ( 22 de abril) en San Andrés Larráinzar el primer encuentro entre el Gobierno Federal y el EZLN. Para saludar el arribo de los delegados zapatistas, llegan a este poblado seis mil indígenas.

Es una fase con acomodos, también, espectaculares: el 28 de junio sale de la Secretaria de Gobernación Esteban Moctezuma, quien había hablado con Marcos en enero, y se nombra, en su lugar, a Emilio Chauffet Chemor. En la Cocopa se trabaja a todo vapor o se avanza a toda vela. En un periodo de once meses se realizan siete Encuentros de San Andrés Larráinzar, dos fases de una Mesa de Derechos y Cultura Indígena, un Foro Especial de Derechos Indígenas y una Primera Plenaria Resolutiva de la Mesa de Trabajo, Derechos y Cultura Indígenas. Además se realiza la Consulta Nacional por la Paz, impulsada por el EZLN con la participación de un millón 200 mil personas. Este ciclo que inició el 22 de abril de 1995, con el primer encuentro, concluye el 16 de febrero de 1996 con la firma de los Acuerdos de San Andrés.

No fue un periodo todo el tiempo fluido. El 23 de octubre de 1995 un acto del gobierno amenaza el proceso de negociación, pues la Procuraduría General de la República anuncia la detención de Fernando Yañez Muñoz, comandante zapatista “Germán”. El senador Heberto Castillo amenazó salirse de la Cocopa por considerar “una canallada” esa aprehensión.

Son actos que, junto con otros, propician un clima de tensión social y que reflejan la violencia, incidiendo también, negativamente, en ella. El 18 de septiembre de ese año muere asesinado Antelmo Robledo Robledo, candidato del PRD a la alcaldía de Albino Corzo, meses después un enfrentamiento en el poblado de Nicolás Ruiz, entre policías estatales y campesinos, que mantenían en su poder la finca El Gran Poder, arrojó cinco muertos y más de 20 heridos. El tono de los gobernantes no podía ser más claro: “La administración estatal continuará con los desalojos de ranchos para restablecer el estado de derecho, además de desarticular a todos los grupos armados que operen fuera de la ley, con capucha o sin capucha”, declaró el Secretario General de Gobierno Eraclio Zepeda, escritor y poeta, también, como Marcos y otros dos de los personajes del conflicto, Oscar Oliva y Juan Bañuelos, de la Conai.

En junio de 1996 finqueros y ganaderos integran un Frente Privado contra la Delincuencia y uno de sus líderes asegura que los productores abandonaron unos 500 ranchos en la región norte.
El 20 de agosto , en el municipio de Venustiano Carranza, un enfrentamiento a balazos entre comuneros del PRI y el PRD deja un saldo de un muerto y cuatro heridos.

Martínez Veloz alerta: Los desalojos y enfrentamientos han provocado tensiones en el proceso de paz, por lo que la negociación está al filo de la navaja. No se pueden justificar estos hechos violentos bajo el argumento de que no entra en la esfera de responsabilidades del Gobierno Federal o a que no se puede detener el camino de la justicia, en el caso de los desalojos.

Durante 1996 no cesa de definir un rumbo, repetir que la Cocopa es una instancia del Congreso de la República no un organismo que dependa de la delegación gubernamental. Una y otra vez llama la atención: el diálogo está en peligro. Y no deja de defender lo acordado: El compromiso asumido tanto por el Gobierno Federal como por el EZLN en la mesa de diálogo de San Andrés, implicaba en lo fundamental construir un nuevo pacto social que modificase de raíz las relaciones que en la actualidad existen entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas. Y también insiste en reconocer que hasta el momento el proceso de dialogo se ha salvado porque tanto el Presidente Zedillo como el subcomandante Marcos han dado amplias muestras de voluntad de dialogo y disposición para lograr la paz. Martínez Veloz manifiesta la conciencia de la Cocopa de representar el único puente para evitar la ruptura entre las partes en conflicto y por eso hay que protegerla. La Cocopa -dice- siempre llega a acuerdos por consenso, no hay imposición.

El EZLN denuncia que esa ola de represión arrojaba entre 1995 y abril de 1996, “80 campesinos muertos, más de 2 mil casas destruidas y el robo de varias toneladas de maíz y frijol”.

Martínez Veloz describe esa situación: Hay grupos de presión y poder en el gobierno empeñados en bloquear toda posibilidad de pacificación y diálogo con el EZLN. La intención es evitar la paz en Chiapas para que se frenen las transformaciones que el Estado y el sistema político mexicano requieren. Frenar Chiapas es frenar la reforma democrática del Estado. El Gobierno Federal tiene el reto de enfrentar a los grupos que dentro de su seno le apuestan a la inestabilidad y la represión Durante muchos meses se ha hecho un trabajo muy fuerte para llegar hasta donde estamos. Y de la noche a la mañana hay otra lógica, no porque yo esté a favor de las invasiones, sino porque los desalojos causan muertes. Los aparatos de seguridad del país más que estar destinados para detectar grupos políticos de carácter social necesitan ubicar donde están las guardias blancas, los grupos de poder, los que tienen esta capacidad de fuego que están poniendo en entredicho la palabra del Presidente Zedillo para lograr la paz y los cambios.

Estas posiciones coinciden con su elección como Presidente en turno de la Cocopa, el 22 de enero de 1996. Poco antes (el 1 en enero) se había constituido el Frente Nacional de Liberación Nacional (FNLN), del que el legislador del PRI dice: tiene dos objetivos. El primero mandar un mensaje hacia el exterior y ese mensaje es que la ruta que ha decidido para solucionar el conflicto es la política. El otro mensaje es hacia el interior, es para ir creando las bases y niveles de trabajo interno que permitan explicarle a sus miembros porque esta vía es la mejor y no la armada, y esto no es sencillo cuando durante tanto tiempo se prepararon para las armas.

Luego de la firma de los Acuerdos de San Andrés se realizan dos fases de la Mesa de Trabajo sobre Derechos y Cultura Indígenas (el 16 y 19 de abril de 1996) y una Plenaria sobre Democracia y Justicia (el 5 de marzo) .Las Partes acuerdan en múltiples puntos, entre los más trascendentes están el que el ejército y los cuerpos para velar la seguridad pública no se encuentren sometidos a la voluntad de uno solo de los tres poderes de la Federación, el Ejecutivo; que la renegociación del Tratado de Libre Comercio incorpore una agenda social que incluya demandas y propuestas sobre derechos humanos y trabajo migratorio, protección laboral y medio ambiente; alcanzar un nuevo marco constitucional, pues los derechos sociales consagrados en la Constitución han sido recortados y frustrados por la legislación neoliberal; liberación inmediata de todos los presos políticos, en particular de los zapatistas; se coincide en que la presencia del Ejército Mexicano en las comunidades indígenas es un acto que altera el Estado de Derecho y que hay falta de articulación de los sistemas normativos, el indígena y el sistema positivo mexicano. Se está de acuerdo, asimismo, que el Derecho indígena, al constituir un sistema, cuenta con un criterio de unicidad.

Entonces surge otra crisis causada por la resolución de sentencia de Javier Elorriaga a purgar 13 años de prisión y a Sebastián Elzin, seis. (2 de mayo).

Heberto Castillo ya no amenaza salirse de la Cocopa, sino suspende su participación en ella.

La sentencia a Javier Elorriaga es lamentable y se da en un momento desafortunado. Se corre el riesgo de que el proceso de dialogo que se ha negociado, se pierda después de tanto esfuerzo que ha costado. Esto parece estar más dirigido a complacer a sectores duros que resolver de lleno los problemas.

Sin embargo no comparto la idea de Heberto Castillo de renunciar a la Cocopa. Entiendo su malestar e indignación, la sentencia de los zapatistas demuestra la recurrencia de acciones hostiles hacia la construcción de la paz por parte de grupos duros que sin identificarse actúan. En la Cocopa no habrá ruptura, no habrá desintegración de la comisión, porque tenemos el compromiso de velar por la paz.

La sentencia a los líderes zapatistas provoca diversas acciones de protesta. Tres mil indígenas se postran en un plantón frente a la catedral de San Cristóbal y elementos del EZLN toman una radiodifusora regional para protestar por la sentencia.

Esta situación es superada rápidamente, al revocarse el 6 de junio la sentencia condenatoria a Javier Elorriaga, quien obtiene su libertad, y la modificación de la sentencia a Sebastián Entzin. Unos días atrás (22 de mayo), el Presidente Zedillo al encabezar la reunión de conclusiones de la Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígena, había dicho que el concepto de autonomía que se propone guarda afinidad con los principios constitucionales que dan origen al municipio libre como unidad política básica del Estado nacional.

Todo está arreglado, por esta vez. El 6 de junio Heberto Castillo regresa a la Cocopa.

De junio de 1996 a septiembre del mismo año se vive un perodo de gran intensidad creativa, de la Cocopa, del zapatismo y del Ejecutivo. Es sin duda un tiempo que enseña la civilidad a la que aspiramos y que, sin embargo, cuando aparece al alcance de la mano, intervienen factores fundamentales, fuerzas que se niegan a vivir en la tolerancia.

El 11 de junio los 40 diputados que integran el Congreso local de Chiapas aprueban la iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cumplimiento a los compromisos en la Mesa sobre Derechos y Cultura Indígena. Unos días más tarde (30 de junio) el subcomandante Marcos inaugura en San Cristóbal Las Casas el Foro Especial para la Reforma del Estado, ante 30 delegados zapatistas. Participan en él 130 organizaciones y 923 ponentes de 29 estados de la República. En su discurso habla de que el EZLN ha dado los primeros pasos para transformarse en una fuerza política, e invita a la sociedad civil a “abrir una vía política que prescinda del Poder como referente, juez o jurado calificador.” En las conclusiones del Foro, Marcos sostiene “la necesaria reconstrucción de la República a partir de un nuevo pacto social y una nueva Constitución, elaborada por un nuevo Congreso Constituyente”.

El 9 de julio dio inicio la Plenaria Extraordinaria entre las partes. El 16 del mismo mes la Primera Plenaria Resolutiva de la Mesa Democracia y Justicia; el día 27 llegan a la localidad de Oventic cuatro mil asistentes de 41 países al Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. El 6 de agosto empezó la Segunda Parte de la Plenaria Resolutiva sobre Democracia y Justicia y el 1 de septiembre de 1996, el Presidente Ernesto Zedillo ratifica, en su Segundo Informe de Gobierno, la necesidad de emprender reformas a la Constitución General de la República.

Al día siguiente, el 2 de septiembre, el EZLN suspende su participación en el dialogo de San Andrés denunciando cinco condiciones: Liberación de zapatistas presos y bases de apoyo detenidas, interlocutor gubernamental con capacidad de negociación, voluntad política y de respeto a la delegación zapatista (que se queja en una carta al Presidente de haber sido tratados con desprecio, racismo y prepotencia), instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación y cumplimiento de los acuerdos de la Mesa Derechos y Cultura Indígena, propuestas serias y concretas de acuerdos para la mesa de Democracia y Justicia, desaparición de las guardias blancas o una ley que las reconozca institucionalmente y las uniforme para que no operen impunemente.

Del 11 de octubre al 6 de diciembre de 1996 se vive un periodo de concreciones, que llevan a la Iniciativa de Ley en materia de Derechos y Cultura Indígena. Este último día el Presidente Zedillo solicita al EZLN una prórroga de 15 días para fijar la postura gubernamental sobre la Iniciativa de Ley que cumpliría los Primeros Acuerdos de Paz en materia de Derechos y Cultura indígenas. Es un mensaje “delicado y confidencial” que el Presidente entrega a la Cocopa. Marcos contesta dos días después: “ Adelante, consulte usted. Tiene razón en que las reformas constitucionales en materia indígena son fundamentales y marcarán el futuro de este país”.

En este periodo se realiza la Primera Reunión Tripartita entre el EZLN, Conai y Cocopa (6 de octubre), la Primera fase de los trabajos de la Mesa de Derechos y Cultura Indígenas (23 de octubre), la Segunda fase de la Mesa de Trabajo Derechos y Cultura Indígenas (13 de noviembre), la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación (7 de noviembre), con la encomienda de garantizar que se cumplan los acuerdos en los tiempos que fijen las Partes para resolver las causas que originaron el conflicto , la Segunda Reunión Tripartita (8 de noviembre) y la Tercera Reunión Tripartita (26 de noviembre) en donde el EZLN entrega a la Cocopa una exposición de motivos e iniciativa de decreto para reformar y modificar los artículos 4,5,6,7,18,20,21,26,41,53,102,115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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Heberto Castillo concluyó sus días aportando su sabiduría y pasión por la paz y la democracia a la Iniciativa de Ley en materia de Derechos y Cultura Indígena, que elaboró junto con sus colegas legisladores. Advirtió sobre los posibles obstáculos para lograr las reformas:” la interpretación de los juristas sobre el concepto de autonomía y el derecho que tienen las etnias sobre su territorio”. Llamó el senador por el PRD a todos, para que “esto no se contraponga al concepto de soberanía nacional, a la integridad territorial de la nación mexicana”7. Cinco meses después Heberto Castillo muere.

El 18 de diciembre da inicio otro periodo en este accidentado proceso: el gobierno hace entrega de la Propuesta Presidencial sobre Reformas Constitucionales en materia de Derechos y Cultura Indígenas. Tres semanas después (11 de enero de 1997) el EZLN la rechaza, pues considera que viola los acuerdos de San Andrés.

Otro ciclo comienza con el nombramiento, el 27 de abril de 1997, de Pedro Joaquín Coldwell como nuevo representante gubernamental para el diálogo de paz de San Andrés Larráinzar. Empieza una especie de “vacío”, como más tarde lo define el senador Pablo Salazar Mendiguchía (23 de julio). Ante la existencia de dos iniciativas, la de la Cocopa, aceptada por el EZLN y rechazada por el gobierno y la del Ejecutivo Federal rechazada por el EZLN. “Estamos viviendo un vacío en la comunicación y vacío en las estrategias”, señaló el senador por el PRI.

Este vacío estalla en el corazón el 22 de diciembre de 1997 con el asesinato masivo de Acteal que -sostiene Martínez Veloz- se había anunciado y el cual no ha sido investigado ni castigado totalmente.

Este es el marco general y sintetizado en que Martínez Veloz publica la mayoría de sus artículos, que son presentados aquí casi cronológicamente.

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Martínez Veloz el 18 de marzo de 1997, días antes de salir de la Cocopa, sostuvo: La Cocopa no puede regresar al seno del Congreso y declarar que ha fracasado. Y preguntó: ¿Desintegrarse sería la mejor contribución de la Cocopa para la paz?

La Cocopa significó una fórmula que desactivó originalmente un reloj explosivo y llamó a la concordia. Y aunque no se logren aún las aspiraciones representadas en su Iniciativa de Ley, sus acciones deben ser justamente valoradas, pues su integración plural y horizontal, su método de trabajo, la objetividad e imparcialidad durante su gestión, sus formas de liderazgo, discusión y consenso, así como su capacidad de convocatoria trazaron directrices hasta ese momento no vistas en el quehacer del Poder Legislativo.

La Cocopa recibió el reconocimiento de todos: Marcos la elogió (21 de junio y 23 de octubre de 1996). La llamó visionaria, dijo haber recibido de sus miembros en todo momento un trato serio y respetuoso, algo muy difícil de encontrar entre los políticos mexicanos. En medio de un sistema político donde la eficiencia es imperdonable y sólo se aplaude la desidia y la estupidez, la Cocopa optó por la inteligencia, esa que provoca envidias y recelos y se aleja de la espectacularidad. Sus miembros han mostrado creatividad, firmeza y decisión. Su inteligencia les ha permitido resolver la complicada ecuación que llevan en su seno

La experiencia de la Cocopa, tanto en sus orígenes como en su situación posterior al rechazo de su Iniciativa de Ley por el Ejecutivo, está en la posibilidad de ser cabalmente sopesada en la perspectiva sexenal, que es la medida donde se significan los logros y fracasos nacionales. Y en un juicio preliminar, Martínez Veloz no puede evitar la ironía: Entre 1994 y 1998 el gobierno federal y estatal canalizaron hacia Chiapas un total de 65 mil millones de pesos en infraestructura de salud, educación, caminos, carreteras, justicia y proyectos productivos. Si se amplia hacia atrás esta contabilidad (o sea desde 1990-1998) tenemos que se han destinado 80 mil millones de pesos a este estado. Entre 1995 y 1997 se erogaron 40 mil millones de pesos. Sin embargo el 50 por ciento de la población, o sea 1.7 millones de personas, sigue siendo la más pobre del país. Con los casi 50 mil pesos por cabeza que se ha invertido en ellos, el gobierno federal y estatal están a un tris de resolver el problema de la pobreza extrema y el conflicto armado.

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Los escritos de Jaime Martínez Veloz están concebidos en el diálogo, la exposición, el debate y la propuesta. Son, de alguna manera, textos activos o militantes, pensados y redactados, a la vez, por un periodista y un político, perfiles que constituyen la personalidad de Martínez Veloz. Son materiales que constan en la eventualidad periodística y .expresan la voluntad que influye en las acciones; unidades que constituyen una posición que Martínez Veloz sostiene, por supuesto, en su escritura pero también en su vida parlamentaria, en su actividad partidaria y, en general, en su vida pública: Chiapas: La Paz Inconclusa es el un reclamo rebelde al proceso de Paz inacabado.

¿Es un orden de las utopías? La política no es el ámbito de la abulia o el ensimismamiento sino de la voluntad para alcanzar objetivos con la acción. Y las palabras son el instrumento más alto y civilizado de esta lucha. Por eso Chiapas: La Paz Inconclusa es un llamado a nuestra vocación de convivir en las diferencias y encontrar, en ello, los valores comunitarios que nos identifican como habitantes de un mismo territorio nacional. Chiapas: La Paz Inconclusa es beneficiarnos del diálogo y el intercambio como colectividad, pero también como individuos. Chiapas: La Paz Inconclusa son escritos concebidos por una conciencia despierta y generosa, análisis y exhortaciones de gran valor reflexivo pero ejecutados con la pasión de quien asume con rigor su oficio político.